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Esa parte de la ciudad donde residen los más empobrecidos en toda Latinoamérica, seria invisible si fuera por la voluntad de algunos gobernantes. O por la atención que les prestan, o el ahincó que ponen en solucionar sus problemas y sus debilidades. Siempre alguna noticia confirma (lamentablemente) esta afirmación. Sensibilizado por el acuciante problema de la vivienda en el Perú, luego de mi visita a Lima he seguido más de cerca las noticias sobre el tema, principalmente en esta ciudad. El saqueo y tráfico de tierras, y el abandono en el que sobreviven los más desposeídos, todavía me asombra. Y disculpen compañeros, si soy muy duro. Con mucho respeto les escribo estas opiniones, pues creo que todos ustedes desde allí, comparten conmigo esta preocupación y debemos esforzarnos en denunciar estas situaciones, para que se piense desde la sociedad civil, las fuerzas políticas y la institucionalidad aportes y soluciones a estos temas.

En la noche de hoy, me llega la noticia de un incendio en la zona del Callao que afecta la ribera del río Rímac, en un conjunto de viviendas de material rústico. Esto engloba varios asentamientos humanos como 25 de Febrero, Nueva Esperanza, 200 Millas y Progreso. Se habla de más 500 familias damnificadas. Según las primeras informaciones una de las razones por las que todavía no se ha podido controlar el incendio es por el acceso limitado para las unidades y las cisternas, así como la falta de tomas de agua en la zona.

Esto deja en evidencia la falta de acceso a tierra urbanizada y servicios básicos de la población más vulnerable, que construye donde puede, y como puede y no como debería y donde debería. Donde tuviera garantizada una vida digna, con acceso a luz, agua potable, servicios de saneamiento y calles decorosas. Supongo que las mismas dificultades tendrán los servicios de emergencia que buscan socorrer a los damnificados.

Por otra parte, el trafico de terrenos por intermedio de mafias que operan con notarios y abogados, y que incluso llegan a tomar información desde las propias oficinas de las Municipalidades llega hoy dia a limites increíbles: no solamente estafan familias o pequeñas empresas, estafan al propio Estado ! El Ministerio de Educacion esta a punto de perder un terreno de 3.200 metros cuadrados a manos de una de estas mafias.

Por un lado estos estafadores operan libremente sin ningún control, llegando a timar al propio Estado usando su propia información. Por otra parte, miles y miles de ciudadanos honestos, pero empobrecidos son desalojados de sus tierras y fincas algunas veces por estafadores, y otras por el Estado que vende estos lugares para que capitalistas privados lucren con ellos. (Todavia tengo el triste recuerdo del desalojo de Aldabas, en pleno Centro Historico) Y por otro lado existen fincas (de la Alcaldia, el Arzobispado, las Cofradias y la Beneficencia) que con voluntad política y sensibilidad social se podrían transferir a sus pobladores para, no solo construir viviendas dignas, sino también para reconstruir la ciudad. Denunciar estas cosas es una de las tareas, unir esfuerzos para pensar y aportar soluciones es otra. Comprender y lograr la unión de esfuerzos desde la sociedad civil es el camino.