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Contra lo dispuesto en la Constitución y en tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no se garantiza en el país el derecho a una vivienda digna, adecuada y de calidad.

El conjunto urbano Lomas de San Francisco Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, evidencia lo anterior. Desde hace más de 5 años habitantes del complejo habitacional, donde fueron construidas más de once mil casas de interés social, habitadas por 45 000 personas, han luchado por una vivienda digna que satisfaga los mínimos requerimientos de calidad y seguridad estructural.

Las autoridades federales, estatales y municipales han denegado constantemente el acceso a la justicia a las personas afectadas por la mala calidad de los materiales, vicios ocultos y deficiencias en la cimentación de las casas-habitación adquiridas mediante créditos otorgados por el Infonavit, el Fovisste y el ISSFAM. Estos organismos tampoco han intervenido efectivamente en la solución de la problemática.

Recientemente la Relatora de Vivienda Adecuada de la ONU ha corroborado en su informe anual de actividades, fechado el 22 de febrero de 2010, las graves conculcaciones al derecho a la vivienda por parte del Estado mexicano en el caso de Lomas de San Francisco Tepojaco.

El Instituto Politécnico Nacional, tras el análisis minucioso de las condiciones geológicas, ambientales y sociales en las que viven miles de personas en el mencionado fraccionamiento, ha concluido que las casas fueron construidas sobre terrenos inadecuados. Hay en el subsuelo una capa superior conocida como suelo blando; esta capa en combinación con capas de mayor firmeza provoca agrietamientos y hundimientos en varios sitios del conjunto habitacional.

La realización del conjunto urbano fue asignada en 1999 por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México a tres empresas constructoras: Profusa, Inmobiliaria Came y Desarrolladora Metropolitana (Demet). La asignación, bajo el esquema de vivienda social progresiva, incluyó diversas obligaciones: áreas de donación, obras mínimas de urbanización, obras de infraestructura primaria y obras de equipamiento (jardines de niños, escuelas primarias, locales comerciales, unidades médicas, jardines vecinales, zonas deportivas y juegos infantiles, guardería infantil, locales de uso múltiples, entre otros). Sin embargo las constructoras no han cumplido estos compromisos pese a que las viviendas comenzaron a ser habitadas desde finales de 2002.

Desde el principio las viviendas presentaron deficiencias estructurales que expusieron los vicios ocultos y la mala calidad de los materiales empleados en su construcción. Los habitantes -a título personal y en forma colectiva- iniciaron diversos procedimientos ante las autoridades administrativas correspondientes pero no han recibido respuesta satisfactoria a sus demandas. Las Direcciones de Protección Civil del Estado y del Municipio, tras diversas valoraciones, señalan que una parte de las viviendas está considerada de "alto riesgo" y el resto en situación de "riesgo inminente".

Los defectos estructurales del conjunto ponen en riesgo la salud y la integridad física de los habitantes. A lo anterior se agrega la circunstancia de que éste fue construido a escasos metros del relleno sanitario de San José Huilango, que no cumple con las especificaciones ambientales mínimas para evitar daños a la salud de las personas. La situación es actualmente más compleja debido a la escasez de agua ocasionada por el colapso de las líneas de agua potable y de drenaje.

Habitantes del lugar se organizaron y conformaron la Asociación de Vecinos Propositivos por Lomas de San Francisco Tepojaco, A.C., que ha promovido diversos procedimientos judiciales a fin de que se reconozca el derecho a una vivienda digna y decorosa, de acuerdo con los más altos estándares de protección a los derechos humanos. Actualmente se encuentra en revisión, ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Estado de México, un amparo interpuesto contra la decisión de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México por no intervenir aplicando las medidas de seguridad para proteger a los habitantes de un posible derrumbe u otro accidente con motivo de las fallas estructurales del conjunto. Recientemente el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Distrito Federal confirmó la obligación que tiene el Infonavit de facilitar información relevante en el otorgamiento de créditos para la adquisición de vivienda en Lomas de San Francisco Tepojaco a uno de los miembros de la Asociación.

Sin embargo diversas instancias han negado sistemáticamente el acceso a la justicia al intentar reducir el asunto a un "conflicto entre particulares". La Profeco ha desechado diversas quejas. Se interpuso una denuncia popular ante el gobierno del Estado de México a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano del Estado de México sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta. Las instancias federales tampoco han respondido conforme a derecho: se presentó la denuncia popular ante las comisiones de vivienda del Senado de la República y ante la Comisión Nacional de Vivienda, sin que hasta hoy se haya obtenido respuesta favorable. Actualmente hay quejas abiertas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Con esta actitud de las autoridades responsables, el Estado se aleja de las obligaciones en la materia y patentiza el contubernio existente entre el poder público y  las grandes empresas inmobiliarias, beneficiarias de las licitaciones públicas.

Las organizaciones convocantes (Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro; HIC-AL; ), conscientes de que el derecho a la vivienda es un derecho humano, han acompañado a la Asociación de Vecinos Propositivos por Lomas de San Francisco Tepojaco en algunos procesos de diversa índole a fin de que se obtenga acceso a la justicia y el Estado se haga responsable por las condiciones de riesgo en la que viven los habitantes del conjunto urbano.

Independientemente de las posibles responsabilidades civiles de las que puedan ser acreedoras las empresas constructoras, diversas autoridades gubernamentales han vulnerado los derechos humanos de los habitantes de Lomas de San Francisco Tepojaco. Por lo tanto el Estado mexicano debe responsabilizarse y reparar los daños a los acreedores, además de proveer medidas de seguridad  tendentes a garantizar la salud y la integridad física y patrimonial de quienes habitan en el conjunto habitacional.

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