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Solo se reconocerá a los asentamientos humanos de la capital que cuenten con un informe de evaluación de riesgos emitido por la subgerencia de Defensa Civil. Así lo informó el subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima, Iván Infanzón, quien precisó que otro de los requisitos es que los miembros del asentamiento humano que aspiran a ser reconocidos, hayan recibido capacitación  comunal en gestión de riesgos.

Mencionó también que la ciudad ha crecido en forma desordenada debido a la autoconstrucción que se caracteriza por la no utilización de materiales adecuados, por lo que es necesario adoptar las medidas de prevención adecuadas.

En ese sentido, dijo que con el objetivo de mitigar el daño que podría generar un sismo de gran intensidad en la capital; la Municipalidad de Lima inició un proceso de evaluación de viviendas precarias en diversas zonas de la ciudad.

La medida tiene como finalidad el desarrollo de acciones específicas destinadas a reforzar esos inmuebles. De igual manera, se realizan labores de reforzamiento de taludes en diferentes puntos de la capital.

Explicó que personal especializado de la comuna, trabaja actualmente en la zona de Huaycán en donde habitan cerca de 91,000 pobladores, con el objetivo de identificar los inmuebles en riesgo.

Asimismo, se ejecutan evaluaciones en las Lomas de Carabayllo, Collique y José Carlos Mariátegui en San Juan de Lurigancho.

"Una vez culminada la evaluación procederemos a la capacitación comunal en gestión de riesgo, por lo cual estamos en coordinación con todos los subgerentes de defensa civil de los distritos involucrados", puntualizó.

Autoconstrucciones

Por su parte, Javier Piqué del Pozo, decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, refirió que la autoconstrucción, que es informal y peligrosa, ha sido la salida de las personas que no tienen dinero para adquirir una vivienda decorosa.

Dijo también que este tipo de construcciones son una consecuencia de la escasa fiscalización de las municipalidades que no adoptaron decisiones oportunas al respecto.

"Al final, esa gente no tiene registrada su propiedad ni tributa, por consiguiente hay que desanimar este tipo de construcción evitando las invasiones, y extendiendo la cobertura de programas como Techo Propio y Mivivienda, que son muy buenos", sugirió.

Consideró que esos programas deberían recibir más financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), porque permiten que los ciudadanos tengan la oportunidad de acceder a un crédito. 

Destugurización de inmuebles

Un programa de destugurización de la vivienda con base en la autogestión, ayuda mutua y propiedad colectiva sobre todo en el Centro Histórico de Lima, planteó la arquitecta Silvia de los Ríos, del Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional (Cidap).

Dijo que el objetivo de su propuesta es que los productos inmobiliarios lleguen al sector E, donde se ubican las viviendas más tugurizadas, cuyos propietarios no son sujeto de crédito.

Sostuvo que el Fondo Mivivienda únicamente llega al sector B, que resuelve sus créditos hipotecarios directamente con la banca privada, y en el sector C, están Techo Propio, Mivivienda y algunos otros productos nuevos.

En ese sentido, explicó que la propuesta es que los beneficiarios organizados en una asociación de vivienda sean los propietarios del conjunto habitacional destugurizado, estableciendo el derecho de uso en contrato entre socios y la asociación.

Para el efecto se deberá considerar un aporte del 15% del costo total del inmueble por la mano de obra. 

Datos

En Lima existen alrededor de 122 mil viviendas tugurizadas que albergan a 622 mil personas, refirió el asesor en prevención de desastres de la Municipalidad de Lima, Pedro Ferrada.

Hasta 2009, en el Centro Histórico de Lima se registraron 40 mil viviendas tugurizadas, que albergaban a 164,883 habitantes.

Se estima que el costo total de mitigación de riesgos en fincas ruinosas ascendería a 1,823 millones de nuevos soles.

De los 5 mil asentamientos humanos de Lima, alrededor de 3 mil están en zonas de riesgo, donde viven cerca de 3 millones de personas.

Se establece que 450 asentamientos humanos  necesitarían ser reubicados, lo cual significaría reasentar a cerca de medio millón de personas, aproximadamente.

El costo de mitigación de riesgos en asentamientos humanos ascendería a 762 millones de nuevos soles.

Fuente: El Peruano