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El Movimiento de Afectados por Represas (MAB), el Instituto de Investigación y Planificación Urbana y Regional (IPPUR) de la Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ y Justicia Global lanzaron el informe del Comité Especial del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (CDDPH), que analizó durante cuatro años, las denuncias de violaciones de derechos humanos durante el proceso de implementación de las represas en Brasil.

El lanzamiento fue en la sede del Colegio de Abogados de Brasil (OAB) en Río de Janeiro, al que asistieron la ministra de Estado, Maria do Rosário, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia y representantes del Colegio de Abogados, y los miembros de la Comisión Especial Profesor Carlos Vainer, de la UFRJ, y Ricardo Montagner, del MAB.

Según el informe, aprobado por CDDPH en noviembre de 2010, "Los estudios de caso mostraron que el patrón actual de implementación de represas ha propiciado, de manera recurrente, violaciones masivas de los derechos humanos, cuyas consecuencias en última instancia, acentúan las desigualdades sociales ya grave , dando lugar a situaciones de miseria y desestructuración social, familiar e individual. "

La Comisión identificó en los casos analizados, un conjunto de 16 derechos humanos violados sistemáticamente, entre los cuales hay que mencionar el derecho a la información y la participación, el derecho al trabajo y un nivel de vida digno, el derecho a una vivienda adecuada, el derecho a la mejora continua de las condiciones de vida y el derecho a una indemnización plena de las pérdidas.

Entre los factores clave que causan violaciones de los derechos humanos en la implementación de las represas, se destacan en el informe, la precariedad y la falta de estudios ambientales realizados por los gobiernos federal y estatal, y la definición limitada y restrictiva del término "afectados por represas" que las empresas reconocen y aplican.