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Declara:

Que este tipo de iniciativas, al igual de las anteriores donde se privatizaron y concesionaron bienes públicos con el argumento de mejorara servicios, sólo generan mayor exclusión social y económica de las grandes mayorías empobrecidas del país.

Nuevamente, el partido gobernante, haciendo eco a los intereses de las grandes compañías nacionales e internacionales, en un arrebato que configura violaciones a la Constitución, se ha apresurado a ratificar un Tratado de Comercio que provocará enormes daños a los consumidores, a la pequeña y mediana empresa y generará enormes situaciones de desigualdad en las áreas rurales.

Los efectos negativos sobre derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras han sido señalados con anterioridad incluso por los mismos congresistas de los Estados Unidos. El gobierno mantiene su política de no escuchar lo que no le interesa y sigue imponiéndose sobre la voluntad de grandes mayorías que reclaman un mejor y extenso estudio sobre las repercusiones que dicho tratado tendrá sobre la vigencia de los derechos económicos y sociales de una gran mayoría de salvadoreños cada vez más pobres. El trato a que seremos sometidos frente a Estados Unidos será el mismo: un trato injusto y desigual impuesto por la teoría del más fuerte.

El gobierno no debió apresurarse con esta ratificación sin antes explicar los efectos de esta iniciativa, las medidas preventivas y de compensación para los afectados y los beneficios económicos, sociales y culturales que traerá consigo la vigencia de un tratado de esta naturaleza. Priva más el interés por liberar el comercio, las exportaciones el flujo de mercancías, la llegada de más empresas de servicios y las concesiones a trasnacionales que establecer políticas públicas que generen un verdadero empleo sostenible y respetuoso de los derechos humanos, que garanticen el acceso universal a la salud y a la educación y que estimulen el desarrollo rural para que nuestra gente no se vea obligada a abandonar su país. Nuevamente la avaricia y el egoísmo ciegan a los legisladores de derecha, quienes en definitiva sólo obedecen las órdenes de sus patrocinadores.

Hacemos un llamado a la población consciente a mantenerse alerta y a utilizar todos los mecanismos democráticos a su alcance para realizar protestas rechazando la actitud de los legisladores y advirtiendo a las grandes empresas que nada de lo realizado hasta ahora, si atenta en contra de los derechos de las grandes mayorías, puede darse por seguro. La lucha frente a estas imposiciones debe ser consecuente y constante; debemos denunciar todo hecho que atente contra la vigencia de los derechos humanos conquistados con tanto dolor y sangre.

A las autoridades les exhortamos  a dirigir sus acciones a favor de las grandes mayorías desposeídas, de aquellos que frente a esta realidad seguirán siendo los más pobres de los pobres. Las organizaciones sociales deben establecer una estrategia para una campaña nacional de rechazo y resistencia.

San Salvador, 17 de diciembre del 2004