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1 de abril de 2017. En el marco del taller subregional de planeación estratégico-participativa realizado por HIC-AL, organizaciones miembro de la Coalición —provenientes de México y Centroamérica— realizamos una visita de campo en la Ciudad de México (CDMX).

Los predios visitados fueron Academia 33, Academia 9, Cuba 53 y Emiliano Zapata 68. Para compartir lo observado nos dimos a la tarea de articular una narración colectiva sobre las experiencias (en su mayoría de resistencia y rehabilitación). A continuación se comparten algunas notas sobre cada experiencia.

Academia 33

En obra. 16 viviendas nuevas. Entre 55 y 57 m2. Cuatro espacios rehabilitados: tres locales comerciales hacia la calle y un salón comunitario.

Las y los inquilinos platicaron, como antecedente, que hubo un momento en que tuvieron que pagar renta a personas que se hicieron pasar por las dueñas. Luego, los habitantes fueron criminalizadas y por ello tuvieron que acudir a la UPREZ (Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata) para gestionar la expropiación. En el marco de la gestión de Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se logró concretar la expropiación de aproximadamente 200 predios por concepto de utilidad pública. Una cifra considerable dado que actualmente se logran expropiar no más de 2 o 3 predios al año.

Según Ernesto, técnico administrativo de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), el proyecto fue ejecutado bajo autoadministración, concepto mediante el cual el Instituto de Vivienda de la CDMX (INVI) otorga los recursos para la obra a la propia organización de solicitantes de vivienda. Se conforma entonces una “plantilla técnica” por, al menos, un superintendente (arquitecto acreditado por el Instituto) y un administrador general. El proyecto no implicó procesos de autoconstrucción, por las siguientes dificultades: “con la construcción en altura, el peligro era mayor”, con un 90% de beneficiarias mujeres, se decidió no ponerles en riesgo.

El compañero relató su experiencia dentro de este rol y detalló algunas de las tareas principales que requiere la autoadministración: administrar recursos, verificar la calidad y el cumplimiento de normativas y gestionar trámites para obtener los siguientes desembolsos, un proceso que se ha retrasado varias veces porque “nos tratan como a las empresas, solo que las comunidades no tenemos capital”.

Algunas dificultades que enfrentaron:

• La gestión con el INVI fue larga, y en total la lucha duró alrededor de 28 años.

• Se tuvo que batallar con instituciones arqueológicas y culturales con tal de garantizar que el proyecto habitacional no destruyera el patrimonio existente o se desarrollarse en un sitio de valor arqueológico. Efectivamente, la rehabilitación del edificio frontal (con valor patrimonial) implicó altos costos y los estudios y permisos necesarios tomaron más tiempo de lo normal.

• El contexto ha complicado el buen desarrollo de la obra: el acarreo de material se realiza por las noches ya que de día es imposible estacionarse en el área. Ésto sin contar con el constante acoso policial.

Una problemática latente es la ofensiva del capital inmobiliario, turístico y comercial en el Centro Histórico. En algún momento, el propio organismo encargado del área patrimonial (Autoridad del Centro Histórico) quiso reubicar a los habitantes en otro predio con tal de quedarse con Academia 33.

Más ampliamente, esta dinámica inmobiliaria está incidiendo en el incremento de desalojos a una frecuencia casi semanal, dice Rosa Vargas, dirigente popular. La problemática de los desalojos carece además de marcos reglamentarios que controlen el actuar de cuerpos de seguridad privada que, en muchos casos, lindan con el crimen organizado y cuentan con la complicidad del Estado. Hay una presión fuerte para que vendan los pobladores con larga historia de lucha por permanecer en el sitio. Cada vez es más engorrosa la expropiación, más no es imposible. Buena parte de los pobladores son indígenas de las etnias mazahuas, mixtecas y zapotecas. “Nuestra lucha cuenta el apoyo de sectores académicos, estudiantiles y sindicales”, aseguró Rosa. Para todo lo alcanzado, Ernesto afirma que “sin movilización ni conciencia social, no habría sido posible todo esto.”

 Academia 9

Obra terminada. 42 viviendas rehabilitadas + 7 nuevas sobre azotea. Incluye 21 locales comerciales en planta baja. Deptos oscilan entre 32 y 80 m2, en propiedad individual.

El siguiente punto de la visita fue el predio ubicado en Academia 9, el cual acababa de ser rehabilitado en beneficio de sus ocupantes tras una lucha de cuatro décadas que inició con el terremoto  del 1985. Los propietarios del predio en ese tiempo mantuvieron condiciones de gran hacinamiento, abusos y violaciones a mujeres, así como precariedad y graves agresiones contra los derechos humanos. Asimismo, en repetidas veces, intentaron incrementar la renta a las familias.

El proyecto no involucró autoadministración por el nivel de complejidad que requería la obra, mayoritariamente de rehabilitación. Al resultar más costosa que una obra nueva, algunas familias tuvieron que adquirir créditos complementarios a los del INVI para finalizar la construcción de las viviendas (las más grandes).

La organización que nos recibió fue el Colectivo de Grupos de la Asamblea de Barrios, la cual está conformada por habitantes y comerciantes del área oriental del Centro Histórico, aunque también se apoya en un par de grupos ubicados en la delegación Iztapalapa.

Fue muy relevante la presencia de la mujer en el liderazgo comunitario. Cristina López Laurena, pobladora del predio, de la etnia mazahua, relató algunos detalles de esta lucha, el apoyo del Tribunal Permanente de los Pueblos y luego su solidaridad y compromiso apoyando para evitar desalojos similares en el Centro Histórico de la  CDMX. Cristina fue la dirigenta que, ante los sucesivos intentos de desalojo que sufrieron las familias del predio, comenzó a organizar la resistencia. Ella también relata que la gestión de trámites para conseguir vivienda con apoyo del Estado les hizo enfrentar mucha negligencia y abuso institucional, además de la violencia, las amenazas, las tácticas de intimidación que el propietario ejerció ante la comunidad, ante ella misma y su familia. Ahora, ella valora cómo la lucha le ha servido de aprendizaje para enfrentarse a propietarios y sus abogados, y manifiesta estar orgullosa por haberse podido defender y por defender a otros hermanos.

En este recorrido nos acompañó Baltazar Peña Ríos, quien realiza desde hace 4 años un documental sobre esta experiencia.

Emiliano Zapata 68

En seguida se realizó una visita al edificio ubicado en la calle Emiliano Zapata 68, cuyos habitantes han sufrido varios desalojos a partir de julio de 2016. Éstos se han dado de manera violenta, con uso desproporcionado de la fuerza policial. Según Armando, quien integra la Asamblea Popular del Centro Histórico y quien nos llevó hasta este lugar, el problema tiene que ver con el nuevo marco jurídico de los Sistemas de Actuación por Cooperación, en particular el SAC-San Pablo. Señaló:

“La lucha es contra el gran capital inmobiliario. Ellos mandan granaderos y helicópteros que entran con violencia de noche, por el frente, por las azoteas, amenazando a quien opone resistencia y luego les sacan  a la calle, a las familias y sus pertenencias. Terminan sellando con rejas el apartamento desalojado para que el edificio no pueda ser ocupado de nuevo. Eramos 24 familias, quedamos 6”.

Los desalojos han vulnerado el patrimonio material de las familias, su integridad física, así como el buen desarrollo de lo menores de edad afectados. En los intercambios se destacó que se han violado derechos fundamentales ratificados por el gobierno de México en donde teóricamente hace referencia a las aptitudes y las contribuciones necesarias para la supervivencia y el pleno desarrollo del niño. Incluyen derechos a recibir una alimentación adecuada, vivienda, agua potable, educación de calidad, atención primaria de la salud, tiempo libre y recreación, actividades culturales e información sobre los derechos; protección contra todo tipo de malos tratos, abandono, explotación y crueldad.

Es de suma importancia difundir este tipo de hechos violentos en contra de la vida de las familias, hay que compartir los videos y toda la información que poseen las familias, aprovechar todos los espacios para difundir y denunciar.

Cuba 53

La lucha por el predio comenzó poco tiempo después del temblor de 1985. “Yo no sabía nada de vivienda, pero logramos este proyecto que es en parte de rehabilitación, otra de vivienda nueva, otra con servicios comunitarios”, asegura Eufelia, quien se convirtió en la principal vocera del grupo indígena proveniente del Estado de México.

En el proyecto ha habido mezcla de recursos para comprar el suelo (no fue posible expropiarlo ni desadjudicarlo), entre fondos federales y locales —de la CDMX. Hubo también gran parte de subsidio porque, antes de construir, se dieron cuenta de que el predio debía montos altísimos en concepto de impuesto predial, servicio de agua, electricidad, entre otros. Aunque no hubo componente de autoadministración ni de autoconstrucción, una gran parte de mujeres de las familias beneficiarias decidieron involucrarse en el trabajo constructivo, abaratar costos y no pagar excedentes de obra que el financiamiento del INVI luego no alcanzara a cubrir.

La propiedad de la vivienda es individual y el financiamiento por medio del INVI no puede afectar más del 15 % del salario mensual para establecer las cuotas. Por lo tanto, en la zona, mientras otras propiedades pagan alrededor de 5, hasta 6 mil pesos mensuales de renta, ellxs no pagan más de 900 pesos.

Están consolidando procesos de convivencia con las familias que contribuyen a vivir en armonía y respeto, así como al cuidado y mantenimiento del edificio.

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