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En la edición número 258, año 2016-2, de la Revista Memoria –del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, México– se publicaron dos artículos redactados por compañer@s de HIC-AL: "La otra ciudad posible" (por Maria Silvia Emanuelli) y “Gentrificación: un concepto de lucha” (por Jerónimo Díaz). Les invitamos a leer estos y otros materiales de esta publicación, dedicada al tema "La lucha por la ciudad".

LA OTRA CIUDAD POSIBLE

POR MARÍA SILVIA EMANUELLI / http://revistamemoria.mx/?p=1027

El auge de la urbanización

Diferentes documentos oficiales dan cuenta de una realidad ignota en la historia de la humanidad: más de la mitad de la población mundial —54 por ciento— vive hoy en ciudades y no en zonas rurales. Latinoamérica, incluso con sus importantes diferencias entre país y país, gana hasta el momento la competencia: es hoy la región urbana por excelencia, pues 80 por ciento de su población residen en ciudades.

Esa situación no es casual. Empezó a gestarse entre las décadas de 1940 y 1970, en paralelo a un crecimiento demográfico acelerado, un prominente proceso de industrialización sustitutiva y el desarrollo de un mercado interno concentrados en las ciudades. Lo anterior propició el abandono de la agricultura y produjo migraciones internas masivas, también motivadas por la concentración de la tierra rural en pocas manos y la presencia de un gran proletariado rural desposeído en busca de vivienda y trabajo asalariado. A lo anterior se sumó con los años la actualización de políticas capitalistas para el campo que se reflejaron en la disminución paulatina de los apoyos al campesinado y, en casos específicos como el mexicano, en la abolición de la protección constitucional sobre las tierras colectivas. Con frecuencia, la población migrante no encontró respuestas suficientes en las políticas estatales —aun cuando en los años siguientes se dieron algunas mejorías—, por lo que hubo de acostumbrarse a vivir en las periferias o zonas metropolitanas que ofrecían suelo barato y sin servicios en lugares frecuentemente peligrosos. En esos espacios crecieron barrios construidos por las manos de sus habitantes que sobrevivieron gracias al desarrollo de economías urbanas alternativas (mal llamadas “informales”).

En la actualidad resulta evidente para casi cualquier observador de las ciudades latinoamericanas, sobre todo las de mayor tamaño, que la vida del grueso de la población que habita en ellas está lejos de un ideal de bienestar. En efecto, 1 de cada 4 latinoamericanos, la cifra más significativa en 20 años, vive actualmente en asentamientos precarios y más de un cuarto de los habitantes urbanos son pobres, lo que afecta de forma especial a las mujeres.

El efecto de las políticas neoliberales en el hábitat

Las cosas no son mucho más alentadoras para la población trabajadora formal que gana más de cinco salarios mínimos. Esto es así porque desde el Consenso de Washington, que ha tenido importantes repercusiones también en la política territorial y habitacional en diferentes países de la región, entre ellos México, se ha ido reproduciendo la experiencia chilena del subsidio habitacional, que vio sus orígenes en la época pinochetista sobre la base de las nacientes recetas neoliberales y se fue afinando en los años posteriores. El planteamiento se basa en el establecimiento de un incentivo (el subsidio del Estado al cual se suman el ahorro del derechohabiente y el crédito hipotecario) centrado en la participación de las empresas constructoras privadas en el desarrollo de la vivienda social, lo que implica su mercantilización. También gracias a estas políticas, hoy en zonas otrora rurales en lugar de milpas nos topamos con inmensos “sembradíos de casas”, que pueden llegar hasta 20 mil unidades. Se trata de viviendas idénticas entre sí, no adaptables a las necesidades particulares de cada habitante, de mala calidad, de tamaño inadecuado en relación con la familia mexicana promedio, alejadas varios kilómetros de los principales centros urbanos y los lugares de trabajo y estudio, con servicios deficientes y casi nula articulación con la trama urbana. Suponen guetos urbanos dedicados a la clase trabajadora del país donde pulula la violencia, y la segregación es el pan de cada día: la anticiudad. Lo inadecuado de este modelo que parece haber beneficiado exclusivamente al sector privado se reflejó de forma indiscutible en el censo de 2010, el cual reportó que en México hay más de 5 millones de viviendas vacías —muchas abandonadas— aun cuando no todas sean nuevas.

Las recetas más recientes

Frente a esta situación, el actual gobierno federal propugna, una vez más siguiendo una receta muy en boga a escala internacional, la densificación de las ciudades sin que por ello se plantee, entre otros temas, una clara política de suelo que permita vislumbrar la preocupación por la permanencia de los pobres en las ciudades y el control de la especulación inmobiliaria rampante. Este elemento, entre muchos otros, limita la calidad de vida incluso en las zonas urbanas habitadas por las clases medias y en los barrios tradicionales, y pone en discusión la persistencia misma de una serie de espacios y de la población que los habita. Cambia de manera radical la cara de la ciudad —como podría haber sido el caso del corredor Chapultepec y de las zonas de desarrollo económico y social (Zode) promovidos por el gobierno de la Ciudad de México, varias de las cuales siguen vigentes— sin que se abran debates incluyentes y se favorezcan espacios de participación reales y vinculantes, exentos de clientelismos, que favorezcan una toma de decisión colectiva sobre los proyectos. O incluso se imponen barrio por barrio obras de menor escala que privatizan espacios utilizables para el esparcimiento o proyectos culturales, como es el caso de los innumerables centros comerciales con frecuencia desarrollados incluso en terrenos pertenecientes a la ciudad, que pululan por toda las delegaciones, o se desarrollan conjuntos habitacionales o edificios contra la legislación vigente y en lugares que sufren por la escasez de diferentes servicios. Obviamente, la especulación trae consigo la acumulación de ganancias exponenciales para el sector inmobiliario y puede llegar a provocar fuertes reacciones sociales, como es el caso de numerosas luchas urbanas —si bien no siempre articuladas—hoy presentes en la Ciudad de México.

En una rápida investigación basada principalmente en noticias periodísticas y que merecería ampliarse y precisarse, se identifican los nombres de algunas de las principales empresas constructoras de vivienda o infraestructura que operan en la capital, su vínculo con diferentes políticos nacionales o locales e incluso el número de quejas que algunas han enfrentado por numerosas infracciones de la ley y actos de corrupción. Entre las constructoras de vivienda encontramos las empresas DeMet, encabezada por Bernardo Riojas; y Marhnos, de Íñigo Mariscal. Las concentradas más bien en infraestructura son entre otras la paraestatal Procdmx, formada en 2007 y dirigida por Simón Levy, que tiene a su cargo, entre otros proyectos, las Zode y el corredor Chapultepec; Grupo Danhos, dirigido por David Daniel Kabbaz; Grupo Indi, de Manuel Muñoz; La Peninsular, de Carlos Hank Rhon; Tradeco, de Federico Martínez; Prodemex, de Olegario Vázquez; y GIA, de Hipólito Gerard. En la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad estaría interesado un consorcio de nueve empresas, incluidas ICA, Grupo Carso, Tadeco y Marhnos.

Además, según se reporta en la tesis doctoral de Jerónimo Díaz, defendida en la Universidad de Toulouse (Francia) e intitulada La gentrificación negociada. Antiguas fronteras y nuevos frentes en el centro histórico de México, Grupo Carso, perteneciente a la familia Slim, en sus facetas inmobiliarias mexicanas contaba en 2008 con más de 60 inmuebles en el centro histórico, además de haber rehabilitado gran número de edificios.

Las respuestas sociales: producción social del hábitat y derecho a la ciudad

Lo que encontramos en el territorio es consecuencia del impulso de una política bien definida en sus objetivos principales, centrada en el libre mercado y la promoción y defensa de la propiedad privada. Al mismo tiempo, el territorio es también posibilidad y condición para la reproducción o transformación de procesos y relaciones sociales complejas, para la profundización o la disminución de las desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales que tienen partidas en dos a nuestras sociedades. Los pobladores latinoamericanos del campo y de la ciudad desde tiempos inmemoriales, además de organizarse para defenderse, han buscado vías distintas del modelo impuesto, aun frente a la invisibilización de sus propuestas e incluso la criminalización. En dos respuestas sociales quiero centrar la atención.

La primera atañe a los procesos de producción social de vivienda y hábitat, que Enrique Ortiz —de la Coalición Internacional para el Hábitat— define como todo proceso generador de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas, realizado “bajo el control de autoproductores y otros agentes sociales que operan sin fines de lucro. Los procesos de producción y gestión social del hábitat se dan tanto en el ámbito rural como en el urbano, y pueden tener origen en las propias familias actuando individualmente, en grupos organizados informales, en empresas sociales como las cooperativas, o en las ong, entre otros. Las variantes autogestionarias incluyen desde la autoproducción individual espontánea de vivienda hasta la colectiva, que implica un alto nivel organizativo de los participantes y, en muchos casos, procesos complejos de producción y gestión de otros componentes del hábitat”. Diferentes estudios sostienen que más de 50 por ciento de las ciudades de la región han sido construidas a través de esta forma de producción, centrada en el valor de uso, en lugar del valor de cambio. En algunos casos, tras un profundo trabajo de documentación e incidencia, se ha logrado incluso que cierta legislación —como la Ley de Vivienda de México o la Ley 14449 de Buenos Aires— y política reconocieran esta forma de producción y la dotaran de instrumentos y medios financieros propios y que este concepto quedase plasmado en documento internacionales. Aun así sigue siendo necesario defenderla frente a los numerosos intentos dirigidos a desconocerla como una válida alternativa a las recetas propuestas por el mercado, sobre todo considerando que diferentes indicadores muestran sus beneficios en términos económicos, en tamaño de la vivienda, construcción de ciudadanía y comunidad y control de las personas sobre su proceso habitativo.

La segunda tiene que ver con el desarrollo del concepto del derecho a la ciudad, del cual habló por primera vez en 1968 el sociólogo galo Henry Lefebvre, en el marco del convulsionado mayo francés, propugnando la necesidad de una revolución urbana. A partir de la década de 1990, también gracias a la traducción en lengua española de textos escritos originariamente en inglés que retomaban sus propuestas, movimientos sociales principalmente latinoamericanos han hecho suya la bandera del derecho a la ciudad como una conceptualización contrapuesta a la ciudad-negocio y que permite enfrentar las causas de las exclusiones producidas en el ámbito urbano, coadyuvar en el desarrollo de procesos productivos y sociales de carácter popular-autonómico, reforzar la democracia participativa y directa, crear un vínculo respetuoso entre las zonas urbanas y las rurales y favorecer la reconstrucción de un sano metabolismo impidiendo la rapacidad de la ciudad sobre el campo. En los primeros años tras 2000, influido también por el logro de los movimientos urbanos brasileños que consiguieron que por primera vez se legislara sobre este derecho en el marco del Estatuto de la Ciudad de 2001, un grupo de organizaciones reunidas en diferentes foros sociales y otros espacios de convergencia elaboró el borrador de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Este documento define el derecho a la ciudad como el usufructo equitativo de las ciudades en los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y organización, basado en sus usos y costumbres, con objeto de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado. Algunos años más tarde, en México organizaciones y movimientos trabajan en la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, firmada en 2010 por el entonces jefe del gobierno sin que hasta el momento haya sido recogida en una legislación. Sus fundamentos estratégicos incluyen el ejercicio pleno de los derechos humanos en la ciudad; la función social de la ciudad, de la tierra y de la propiedad, la gestión democrática de la ciudad; la producción democrática de la ciudad en la ciudad; el manejo sustentable y responsable de los recursos naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno; y el disfrute democrático y equitativo del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad no implica urbanización obligada para las poblaciones que siguen viviendo en las zonas rurales ni considera deseable el aumento de la población de las ciudades. El derecho a la ciudad, según David Harvey, es sobre todo el derecho a transformar la ciudad existente en algo radicalmente distinto. Preocupa que en el marco del reciente proceso constitucional empezado en la Ciudad de México, así como en vista del encuentro internacional de que hablamos a continuación, grupos políticos y partidos tradicionalmente conservadores están usando este concepto. Es urgente por tanto defenderlo y evitar tergiversaciones.

La tercera Conferencia de la ONU sobre vivienda y desarrollo urbano sustentable: ¿más de lo mismo?

La misma ONU Hábitat —la agencia de Naciones Unidas especializada en materia de asentamientos humanos— ha constatado en diferentes documentos que resulta urgente una profunda reflexión sobre los modelos de crecimiento urbano promovidos hasta ahora, marcados por una gran desigualdad e insostenibilidad, ante todo en relación con el alto consumo de agua y energía.

Aun así, también debido a los procesos de privatización a los cuales incuso la onu ha sido sometida en los últimos años, buena parte de la sociedad civil considera que no hay lugar para actitudes esperanzadoras en relación con los resultados de la próxima Conferencia sobre vivienda y desarrollo urbano sustentable (Hábitat III), que a 40 años de distancia de la primera —llevada a cabo en Vancouver en 1976— y 20 de la segunda —sostenida en Estambul en 1996— se alista para octubre próximo en Quito. En las anteriores conferencias y las correspondientes agendas hábitat que de ellas han surgido, donde se reflejan los lineamientos de las políticas de hábitat acordados a escala internacional que quedan vigentes durante los siguientes 20 años, se posicionaron algunos temas rescatables. En Hábitat I, por ejemplo, se reconoció a la vivienda como un derecho humano; se planteó la necesidad de que el Estado ejerciera control sobre la tenencia de la tierra e impulsara políticas de reforma agraria y recuperación de plusvalía; se habló de la oportunidad de la participación ciudadana en las políticas y los programas; y se expresó que era necesario acompañar, asistir y organizar los procesos populares en materia de hábitat, lo que derivó en algunas políticas destinadas a mejorar la vivienda y a ofrecer lotes con servicios, en las que la construcción fue desarrollada frecuentemente por los propios pobladores. En Hábitat II se asistió a una buena participación de la sociedad civil en el proceso oficial; se planteó la necesidad que todas las personas cuenten con vivienda adecuada y acceso al suelo; la importancia de que el ser humano esté en el centro de las políticas de desarrollo; la oportunidad de impulsar la equidad de género; y la necesidad de contar con herramientas que permitieran evaluar el cumplimiento de estos acuerdos aun cuando este planteamiento quedara finalmente sin instaurarse.

En el proceso rumbo a Hábitat III, por otro lado, se ha planteado la inevitabilidad del futuro urbano estableciendo que la próxima agenda por ser elaborada lejos de considerar el hábitat como un todo se centrará exclusivamente en lo urbano. No se ha asegurado la amplia y efectiva participación de la sociedad civil en los debates: No se están analizado críticamente las políticas implantadas en los último años —incluidas las surgidas del Consenso de Washington— ni las causas de la financiarización de la vivienda, las cuales provocaron la burbuja inmobiliaria y la dramática crisis de las hipotecas que afectó a Estados Unidos para luego trasladarse a otros países, lo que causó innumerables desalojos. En ausencia de una profunda revisión de los efectos de las políticas aplicadas hasta hoy más allá de la retórica, se rescatan viejas recetas como las relacionadas con la necesidad de impulsar las asociaciones público-privadas sin posicionar siquiera la posibilidad de asociaciones público-sociales; y obviamente no se retoman las opciones propuestas por los pobladores, como las relacionadas con la producción social del hábitat. Si bien la articulación e incidencia de numerosas organizaciones y diferentes actores del mundo entero reunidos en la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad han presionado para posicionar este derecho en los documentos oficiales, hasta el momento no queda claro si este planteamiento será rescatado —y cómo— por la próxima Agenda Urbana.

Frente a esa situación, pobladores de toda la región han llamado a formar comités populares rumbo a Hábitat III; se han estado desarrollando en diferentes países y, además de articularse alrededor de agendas nacionales particulares, planteando diferentes acciones para promover y diseminar la producción social de vivienda y hábitat en sus distintas vertientes, con hincapié en la ejercida en el marco de cooperativas de vivienda por propiedad colectiva y ayuda mutua, el derecho a la ciudad y el derecho al suelo.

Queda —por lo menos en México— formar o revitalizar poderosos movimientos urbanos que, además, puedan desarrollar una duradera articulación con las luchas rurales que siguen siendo entre las más visibles y combativas de esta Nuestramérica. Esta última es, según quien escribe, una de las más relevantes apuestas de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, lanzada públicamente el 10 de abril de 2016 en la Plaza de la Revolución de la Ciudad de México.

^* Coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat. Ha retomado una parte relevante de los datos compartidos en los primeros apartados del presente texto de la introducción del documento para la audiencia temática regional ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre satisfacción de éstos, en especial los económicos, sociales y culturales, en los asentamientos humanos precarios de América Latina y el Caribe de la cual se ha encargado. El texto fue suscrito por más de 30 organizaciones de la región y presentado frente al organismo internacional en marzo de 2015.

GENTRIFICACIÓN: UN CONCEPTO DE LUCHA

POR JERÓNIMO DÍAZ / http://revistamemoria.mx/?p=1013

Los ricos ya tienen el centro histórico, y van a empezar a crecer y a crecer. Lo que ellos quieren es nada más ver gente limpia, que huela bien, bien vestida en sus tiendas. Y la gente de abajo no le importa si se tiene que ir a Estados Unidos o se tiene que ir a la chingada.
Subcomandante Marcos, acto público con
comerciantes y personas trabajadoras sexuales
de La Merced, 3 de mayo de 2006.

Vemos claro que hay una política sistemática del gobierno contra los pueblos, barrios y colonias de la Ciudad de México; es una política de desplazamiento de población originaria para insertar población de altos ingresos y recursos medios que pueda pagar por una ciudad cara.

Habitante del pueblo de Los Reyes, quinta
Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias
y Pedregales de Coyoacán, 1 de abril de 2016.

Si bien la lucha por los espacios urbanos con potencial económico ha sido una constante en la historia de la Ciudad de México, no deja de sorprender cómo en los últimos 10 años el término gentrificación se ha incorporado al vocabulario de los movimientos sociales, sobre todo considerando la lejanía de este anglicismo con cualquier palabra de uso común en México. El primer registro que encontramos en medios nacionales se remonta a 2006 y corresponde a las problemáticas expuestas por el Movement for Justice in El Barrio durante el recorrido de la Otra Campaña. En ese entonces, dicha organización —suscriptora de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona— luchaba por la permanencia de cientos de familias latinoamericanas en el barrio de Harlem, Nueva York, ante la amenaza de expulsión por un consorcio británico que había adquirido más de 40 edificios en la zona y pretendía revenderlos a precio de oro. Afortunadamente, la propia crisis financiera de los subprimes terminó afectando las actividades del grupo transnacional, y los habitantes del Harlem hispánico han negociado hasta cierto punto su permanencia en el corazón de la ciudad.

Lo interesante aquí es que en todos los países donde se populariza, el concepto propicia intensos debates entre, por un lado, autoridades e intelectuales orgánicos que suelen negar la existencia de semejantes procesos y, por otro, las organizaciones sociales y los grupos vecinales que denuncian la intención, mediante diversos proyectos urbanos, de expulsar a la gente pobre y reemplazarla por nuevos y más solventes habitantes y usuarios. ¿En qué momento la gentrificación se volvió un tema en la agenda de los movimientos sociales en México? ¿Cómo se dio la transferencia? ¿Es una moda pasajera o acaso involucra nuevas perspectivas para la acción?

Gentrificación no es un nombre de señora

En septiembre de 2015, con el apoyo de la red Contested Cities, el colectivo español Left Hand Rotation implantó en La Merced una nueva edición del taller Gentrificación no es un nombre de señora. Con ejemplos concretos, debates y dinámicas de educación popular, los integrantes de aquél hicieron posible —como lo han hecho en otras ciudades de Latinoamérica— que los participantes se apropiaran del término para describir lo que ocurre en sus lugares de vida:

Es muy lamentable lo que nos está sucediendo en nuestro barrio y mercado. Vemos que la gente originaria de aquí vamos a ser desplazados por gente que nada tiene que ver en esta zona. Vamos a ser sacados de nuestras raíces.

Estas palabras son las de un locatario de la nave mayor del mercado, la cual sufrió un incendio el 27 de febrero de 2013 que destruyó cerca de mil 200 locales comerciales. Según los testimonios recogidos en el documental Permanecer en La Merced, también realizado por Left Hand Rotation,¹ el gobierno aprovechó la situación para lanzar el Plan de Rescate para La Merced que tenía preparado desde los años noventa, cuando los mercados públicos dejaron de ser considerados elemento estratégico en la economía y el abasto de la ciudad, dando pie al desarrollo de supermercados y, por otro lado, al modelo de las plazas populares como instrumento de gestión y control sobre el ambulantaje.

Al taller también acudieron organizaciones de habitantes y comerciantes que luchan por mantenerse en el corazón de la ciudad pese a la intensa actividad inmobiliaria registrada desde 2003, cuando —a solicitud del gobierno de Andrés Manuel López Obrador— Carlos Slim, el magnate de la telefonía y la construcción, decidió involucrar sus empresas y fundaciones en el “rescate” del centro histórico. Según los integrantes del Colectivo de Grupos de la Asamblea de Barrios, que aglutina a los ocupantes de varios edificios cercanos a Palacio Nacional, la situación motivó una serie de intentos de desalojo e incluso enfrentamientos directos con una camarilla de abogados que intentaron despojarlos de sus bienes.

El taller resultó en un intercambio de experiencias entre grupos que difícilmente habrían coincidido en otros espacios. Aquí, las causas del movimiento urbano popular se encontraron con las demandas de los vecinos de la colonia Juárez contra el entonces poco conocido corredor cultural Chapultepec, un megaproyecto comercial e inmobiliario que de “cultural” tenía sólo el nombre. En realidad, un grupo de empresarios pretendía dirigir los flujos humanos de la glorieta de Insurgentes mediante un andador elevado enlazado a un gigantesco centro comercial. Al final, gracias a la difusión de la problemática en este tipo de espacios de articulación, el megaproyecto fue el primero en caer en la lista de las zonas especiales de desarrollo económico y social (Zode), que hasta ahora han suscitado más rechazo que entusiasmo entre la población.

Sobra decir que para los opositores al corredor Chapultepec y la mayoría de los grupos que hacen frente a grandes proyectos inmobiliarios, la gentrificación ha dejado de ser un concepto ajeno y se perfila como uno de esos términos que dan sentido y encauzan las luchas. Por ello, anticipando la reacción de ciertos sectores académicos y grupos de poder que buscarán diluir y moderar el debate, resulta importante ofrecer una pequeña genealogía conceptual de la gentrificación para comprobar su esencia emancipadora.

Batalla en el terreno teórico

El término fue inventado por la socióloga alemana Ruth Glass, de filiación marxista, quien huyó de los nazis para instalarse en Londres y dedicarse a la investigación urbana. En la introducción de London: aspects of change, publicado en 1964, calificó de gentrification el arribo de nuevos habitantes de clases media y alta a los antiguos barrios obreros, como Chelsea, Paddington o North Kensington.

El sustantivo gentry se refería en el siglo XVIII a la pequeña burguesía rural ubicada entre los grandes terratenientes (landed gentry) y las masas campesinas. Era de algún modo la clase media rural, aunque según Immanuel Wallerstein, se trataba más de un “concepto en formación” que de una verdadera “clase en formación”. De hecho, con la Revolución Industrial y el éxodo de la población rural hacia las ciudades, el término gentry cayó en desuso. Entonces, Glass revivió una vieja categoría para dar cuenta de la transformación de las viviendas obreras en renovadas, elegantes y bucólicas residencias para gente rica. Si bien la autora especuló que este proceso se difundía de un barrio a otro, nunca fue más lejos en la explicación teórica del fenómeno.

En aquellos años, los estudios urbanos se encontraban dominados por la Escuela de Chicago, de donde surgieron las primeras investigaciones de gran escala sobre los mercados de suelo y los “ciclos de vida” de los barrios. Estas investigaciones permitieron, entre otras cosas, identificar un fenómeno bastante extraño para los economistas neoclásicos a inicios del siglo xx: la pérdida del valor inmobiliario de ciertas áreas urbanas que Homer Hoyt llegó a calificar como “valles de decadencia”. Desde esta perspectiva, dicho fenómeno se interpretó cual “anomalía” del mercado asociada a la presencia de poblaciones afrodescendientes y de migrantes pobres.

Fue hasta 1979, cuando el escocés Neil Smith, entonces alumno de David Harvey, ofreció una explicación sensata e integral para comprender los ciclos de inversión y abandono, así como el inesperado regreso de las clases pudientes hacia dichas áreas depreciadas. En su artículo Toward a theory of gentrification: a back to the city movement by capital, not people, Smith desnudó —como es menester del pensamiento marxista— las falsas explicaciones neoclásicas y sus tintes racistas; aportó en cambio una explicación basada en el estudio de los mecanismos económicos y los actores imperantes del mercado inmobiliario.

Sería imposible abordar aquí todos los elementos de la teoría de la brecha de renta (rent gap theory) y los estudios empíricos que la sustentan. Conviene sin embargo señalar que, a diferencia del modelo neoclásico, Smith no habla de valor del suelo sino de renta del suelo, pues mientras el primero es producto del trabajo humano, el segundo corresponde al ejercicio de un derecho exclusivo de propiedad.

En ese entendido, el precio de venta de todo producto inmobiliario integra los costos de producción —la fuerza de trabajo, la maquinaria, los técnicos, los abogados— y el dinero invertido por el desarrollador en la adquisición del predio. Lo demás, tal vez el doble o el triple, son ganancias extraídas por medio no sólo de la explotación laboral sino, precisamente, de la renta del suelo (por concepto de venta, usufructo o alquiler).

Esto significa que, dada la propia naturaleza del mercado inmobiliario (de todo lo que no se puede mover), el desarrollador pone un sobreprecio por el derecho a utilizar “su” lugar en función de la buena o mala ubicación del proyecto, lo cual depende en realidad de toda una serie de inversiones previas, incluida la social en obra pública. La reconstrucción del paradero de la estación del Metro El Rosario, llevada a cabo por las empresas de Grupo Carso, es un ejemplo grosero de cómo los desarrollos inmobiliarios capturan la riqueza social. Ahora, la única forma de entrar en la terminal o salir de ella, por donde miles de personas circulan diariamente, es pasando por un centro comercial atiborrado de tiendas y productos del mismo grupo.

Volviendo a la teoría, Smith señala que toda construcción tiende a desfasarse de su entorno y tiempo. Así, la renta que extrae por ejemplo el dueño de un edificio de oficinas situado en el centro de la Ciudad de México disminuirá a causa de la migración del sector financiero hacia Santa Fe. Él buscará entonces compensar sus pérdidas dejando de invertir en el mantenimiento del inmueble hasta que se generen nuevas condiciones de acumulación, que los gobiernos determinen facilidades fiscales y que los bancos ofrezcan facilidades para invertir en el área.

En este esquema, la renta potencial del suelo equivale a las ganancias que podrían esperarse de un nuevo proyecto inmobiliario adaptado al entorno y a las nuevas tecnologías constructivas. Siguiendo el razonamiento de Neil Smith, el proceso de gentrificación se desata cuando la diferencia entre las ganancias actuales y las potenciales se vuelve tan atractiva para los dueños del capital que deciden entonces actuar sobre barrios completos. Aunque hay más actores involucrados directa o indirectamente en este proceso (pequeños propietarios, estudiantes, artistas), la gentrificación resulta en general de la acción colectiva de los agentes capitalistas (bancos, aseguradoras, agencias inmobiliarias) y los gobiernos locales, que prefieren hablar de “revitalización”, “rescate” o “regeneración urbana” para ocultar estrategias de especulación y reestructuración territorial diseñadas al más alto nivel.

Perspectivas para la resistencia

Plantear una resistencia frente a la gentrificación, como la hemos definido, resulta muy complicado, pues atañe a una mercancía particularmente rara: el suelo, que no se puede desplazar ni transformar sino solo ocupar.

Aunque las victorias en las calles y en las urnas revisten gran valor para medir la voluntad popular, como se evidenció con el caso del corredor cultural Chapultepec, son insuficientes a la hora de frenar la aplanadora de torres y proyectos inmobiliarios que vienen casi independientemente de lo que se haga sobre la avenida principal. Los habitantes de la zona lo saben e incluso han reflexionado sobre una ley de arraigo vecinal, que obligaría al Estado a proveer de vivienda social cada una de las manzanas sujetas a la presión de las inmobiliarias.

En los Pedregales de Coyoacán, en particular en los pueblos originarios de Los Reyes, La Candelaria, San Pedro Tepetlapa y Santa Úrsula Coapa, algunas voces han comenzado a apelar al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que les da el derecho como sujeto colectivo a controlar qué se hace o se deja de hacer sobre sus territorios. Y es que los pueblos y las colonias ayer marginales hoy están en la mira de los nuevos desarrollos. Desde Avenida del Imán —donde el mismo promotor del corredor Chapultepec pretende adueñarse y reciclar 15 hectáreas de una vieja planta de asfalto— hasta el Eje 10 y avenida Aztecas, la Zode Ciudad Futura implica una serie de proyectos inmobiliarios destinados a los sectores medios y altos. Para los opositores, el problema no es tanto que lleguen a pasear los juniors por el parque de Huayamilpas sino, de modo fundamental, la falta de agua y los riesgos de desabasto que conlleva la densificación del área. Desafortunadamente, si bien la reivindicación de los convenios internacionales es legítima, cuesta trabajo imaginar a los jueces de este país del lado de los pueblos y contra las inmobiliarias, ante todo si consideramos que el cuerpo jurídico se ha dedicado a defender el libre mercado sobre todas las causas soberanas.

En efecto, además de la movilización popular, hace falta voltear hacia las experiencias populares que se han planteado el control colectivo del suelo urbano, principalmente las cooperativas de vivienda en Latinoamérica, los jardines comunitarios y los community land trusts que se desenvuelven en Norteamérica y Europa. En la Ciudad de México hay por ejemplo la cooperativa Palo Alto, fundada en el decenio de 1970 sobre una mina de arena sin imaginar que 40 años después estaría en una de las zonas con mayor plusvalía. Asentada al pie de la Torre Arcos Bosques (mejor conocida como “El Pantalón de Santa Fe”), esta colonia de más de 2 mil habitantes resiste a los embates de sus poderosos vecinos gracias a que los socios de la cooperativa no pueden vender sus viviendas sin pasar por un acuerdo de asamblea.

Un caso más reciente es el de la cooperativa Guendaliza’a, impulsada por 38 familias en la colonia Cuchilla Pantitlán conforme al modelo autogestionario de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua: la cooperativa es dueña del conjunto habitacional, cada socio cuenta con un contrato de uso y goce de su vivienda, pero ésta no puede ser alienada sino transferida a costo de producción a un nuevo socio.

Estamos lejos de las 20 mil viviendas producidas al amparo de este esquema en Uruguay, mas la perspectiva es alentadora desde el momento en que pretende transformar los patrones de propiedad y la relaciones sociales en la ciudad.

Sólo así ganaremos las batallas contra la hidra capitalista en la ciudad, destruyendo sus medios de reproducción (en este caso la propiedad privada) y decidiendo colectivamente el futuro de los barrios y sus espacios comunes. ¿No sería maravilloso que, en vez de torres exclusivas de 30 pisos, los espacios reciclables de la ciudad, como la planta de asfalto, se convirtieran en laboratorios para proyectos agroecológicos y de vivienda cooperativa? Todavía quedan espacios de esperanza en la ciudad monstruo, pero urge pasar a la ofensiva y multiplicar las barreras materiales a la gentrificación.

^* Geógrafo. Colabora en la agencia autónoma de comunicación SubVersiones y en la oficina para América Latina de la Coalición Internacional del Hábitat.

¹ El documental y otros materiales relacionados con la problemática de los mercados de La Merced están disponibles en http://permanecerenlamerced.wordpress.com