Enviar a un amigo

Imprimir Búsqueda avanzada

*Marco Antonio Suástegui prevé una situación peor en Guerrero con el regreso del PRI a la gubernatura. Denuncia nuevas amenazas de levantones a opositores a La Parota que provienen del dueño de la gravillera de Cacahuatepec, Humberto Marín. Espera su pronta libertad porque las acusaciones por las que está en prisión fueron fabricadas, asegura.

Fotografía: JRA.

El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, advierte que con el regreso del PRI a la gubernatura, la situación para los movimientos sociales en Guerrero puede empeorar. Propone que las organizaciones sociales y civiles y los luchadores tejan una red para defenderse entre todos de la violencia y la represión.
Suástegui cumple hoy un año en prisión, y denuncia nuevas amenazas de levantones, que han recibido su compañera comunera presa en Acapulco, María Cruz Dorantes Zamora, su hermano Vicente Suástegui, y el representante en Los Huajes, Julián Blanco.  Además, a sus hijos en Acapulco los han seguido y les toman fotos. Pide protección para todos ellos.
Hace un año fue detenido y torturado por órdenes del gobernador Ángel Aguirre Rivero por policías ministeriales, que lo golpearon y le causaron daños físicos, por los que no ha recuperado sus movimientos normales, como lo ha denunciado en el Ministerio Público, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), y en Amnistía Internacional.
En entrevista vía telefónica desde el reclusorio de La Unión, en el extremo poniente de Guerrero,  Suástegui dijo ayer que ve cercana su libertad, por la vía de probar en los procesos penales a que está sometido que no es culpable de ningún delito, y que las acusaciones para tenerlo en la cárcel fueron fabricadas, sin pruebas.  Es el caso de la que autoridades del gobierno del estado le fabricaron a partir de la denuncia del dueño de la gravillera Kimbar, Humberto Marín, a quien Suástegui con toda seguridad llama “narco empresario”.

Cinco expedientes fabricados

Llevas un año en prisión, y hasta el gobernador, Rogelio Ortega, declaró que está convencido de que eres inocente, igual que los otros presos políticos, ¿por qué no te han liberado ya? ¿qué fuerzas están obstaculizando tu libertad?

–Me declaro inocente, no soy culpable de lo que se me acusa, ataques a las vías de comunicación, en el juzgado segundo en expediente 213/2013, iniciado por personal de Capama, en el gobierno de Luis Walton, después lesiones agravadas dolosas, en el juzgado décimo con el expediente 64/2014/2 contra los Bailón, cuando fueron a atacar a la Policía Comunitaria en Parotillas, habían puesto un retén de hombres armados, la familia Bailón, azuzados por Humberto Marín, narco empresario que llegó hace unos 15 años a Cacahuatepec.

“Otro es despojo contra Humberto Marín, lo fabrican en el juzgado quinto con el expediente 28/2014-1, robo calificado, en el juzgado décimo, expediente 110/2014-1, contra Humberto Marín. Y lesiones en el juzgado noveno expediente 95/2014-1,  contra el comunero Jacinto Solís.
“Me declaro inocente de los delitos que se me imputan dolosamente, es venganza de Ángel Aguirre Rivero, porque le llamé asesino, ratero, persona de mente perversa, en ese año (2014) y el tiempo me dio la razón, es cómplice de asesinato de los normalistas de Ayotzinapa, y de otros  luchadores sociales como Rocío Mesino, Eva Alarcón y Marcial Bautista, y de Arturo Hernández Cardona.
“Pido justicia, exijo mi libertad y que se castigue a los verdaderos culpables, que son Ángel Aguirre Rivero y Humberto Marín”.
“Humberto Marín sigue amenazando a los  compañeros del Cecop de que los van a levantar, han amenazado a María Cruz Dorantes Zamora, a mi hermano Vicente, a don Julián Blanco, le han dicho que lo van a levantar, que deje de ir a las reuniones del Cecop, que deje de estar fregando que en el camino lo van a levantar. “A María Cruz la han ido a ver al penal, la han amenazado y le han dicho el nombre de quien envía las amenazas, que es Humberto Marín”.
De la amenaza a María Cruz Dorantes, presa en Acapulco por la misma acusación de robo por la que Suástegui sigue en la cárcel, explica que se metieron dos hombres al reclusorio de Acapulco que se hicieron pasar por abogados y la amenazaron en nombre de Marín. “Ella está temerosa, no quiere habar ni denunciar. Nos preocupa porque sabemos que en el reclusorio de Acapulco no es realmente el gobierno el que tiene el control. Queremos pedir medidas cautelares para ella y los miembros de su familia que tienen órdenes de aprehensión sólo porque luchan por la defensa del río Papagayo y de las tierras”.
Suástegui afirma que después, los mismos hombres trataron de entrar al reclusorio de La Unión para hablar con él, pero no pudieron porque ahí hay una barrera, sólo pueden entrar las personas que el mismo preso permite.
Informa de nuevas denuncias:  “Iniciamos nueva queja ante la Co-dehum y la CNDH, y ante Amnistía Internacional; y deben tomarse medidas de protección para los compañeros que han sido amenazados, no vaya a pasar lo que pasó en Iguala con el alcalde José Luis Abarca y su esposa, los narco políticos. Ángel Aguirre y Marín tienen sed de venganza, denuncio públicamente a esta persona, ya lo hice en el Ministerio Público de Chilpancingo”.
Recuerda que ya presentó denuncia en el MP, cuando estaba preso en el penal de máxima seguridad de Tepic, y se inició la averiguación tab/sc/03/0339/2014, el 24 de septiembre , contra Ángel Aguirre, Humberto Marín y ministeriales que lo detuvieron, lo torturaron, le causaron lesiones y le robaron.
También puso una queja en la CNDH, el 13 de febrero de 2015, cundo fueron al penal de Tepic visitadores de la Comisión.
Dice que ahora está por presentar queja en la Codehum. Informa: “yo mandé el borrador de la demanda, mis hijos han sufrido persecución, donde viven en Acapulco, los han vigilado y les han tomado fotos. Vamos a presentar la denuncia por acoso y persecución a mi familia, el responsable es Humberto Marín y Angel Aguirre Rivero”.
–¿Por qué dices que Marín es narco empresario, a qué se dedica?
–Marín, ha llegado con droga a las comunidades, amenaza con armas de alto poder a los comisarios de La Concepción y El Carrizo, ha cacheteado a Moisés Cruz el comisario de Parotillas, ha enviciado a los jóvenes.  En una feria el 23 de enero en Parotillas me amenazó con armas de fuego, él tenía a gente armada como Domingo Bilón, Eduardo Agatón, llegaba con supuestos policías ministeriales,  nadie se atrevía a denunciar porque él decía que tenía sicarios del narco, en eso se basa mi denuncia. Y lava dinero, pone empresas de 300 o 400 millones de pesos para lavar dinero, y se dedica a transportar armas.
Explica por qué continúan las amenazas: “La decisión de que la gravillera no funcionara fue de las comunidades, a un año de mi detención Marín no ha entrado a explotar grava, no se ha movido, es mentira que se le haya robado, su maquinaria está abandonada, la gente así lo decidió, todas las comunidades estaban hartas de la explotación de los recursos, más de año y medio no ha tenido acceso a la comunidad, les ha ido a ofrecer dinero a los líderes, a los voceros del Cecop, les ha ofrecido dinero para poder entrar, y cambió el nombre de la empresa para engañar a la gente”.
–El gobernador Rogelio Ortega fue a visitarte al penal de La Unión el 17 de mayo, ¿qué te dijo?
–La visita  fue para decirle de viva voz cuáles son los delitos de que me acusn, le hice saber que Humberto Marín es narco empresario, le hice saber que la situación en Guerrero de los luchadores sociales es difícil, le dije que en sus manos estaba resolver los delitos que me achacaban; él dijo que nosotros somos parte esencial para devolver la tranquilidad al estado.
“Me dijo que contribuyéramos a la paz social, porque la gente nos tiene en un buen lugar, sabe que hemos luchado.  Le dije que no queremos más violencia y sangre en Cacahuatepec, que habíamos iniciado una etapa de reconciliación.  Estamos dispuestos a la reconciliación pero sin la presa La Parota. Nuestra lucha es contra La Parota, las gravilleras, las mineras y lo que atente contra nuestras tierras y el agua, y los recursos naturales”.

Un año lejos de su familia, de sus compañeros y de lucha

Llevas un año en prisión, ¿qué es lo que más te ha afectado?

–He estado un año lejos de mi familia, es una prueba de ácido, no de fuego, la estamos superando, ha sido fuerte estar incomunicado, torturado, lejos de mis hijos, lejos de la lucha y de mis compañeros, saber de los compañeros que han muerto, Celerino García comandante de la Policía Comunitaria que mataron en La Concepción, de Margarito Hernández Ramírez, era un pilar del Cecop y Reyes Everardo, pilar en La Concepción.

“También se ha demostrado el valor del movimiento del Cecop, se ha demostrado que está construido de forma horizontal, con los pilares que son los consejeros de cada comunidad para que en mi ausencia o quizá pronta liberación ellos puedan tomar la batuta del movimiento. El Cecop es un  movimiento sólido. Otra cosa importante es que ha apoyado al movimiento de Ayotzinapa, hay una hermandad, que va crecer cuando yo salga. Conmigo o no, el Cecop está fuerte en la lucha”.

Espera su libertad en poco tiempo

¿Cuándo crees que podrás estar libre?, ¿sabes de la Ley de Amnistía que promueve el gobernador?

–El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan lleva mi defensa. Hay amparos que me benefician y en otros casos tengo la posibilidad de libertad bajo fianza, sólo me tiene detenido el robo calificado, el narco empresario no ha presentado factura para sustentar ese delito, ya presenté mi declaración y pruebas y testigos, falta que la sala penal me absuelva, y podré salir, podría ser en este mes mi libertad o a principios de julio.

“No conozco la Ley de Amnistía, pero no la descartamos para los compañeros, pero en mi caso sería una ruta larga y laboriosa por las fuerzas oscuras que hay atrás del gobierno. No la descartamos, pero la defensa jurídica y la voluntad política del gobernador es lo más importante, no le apostamos a la Ley de Amnistía sino a la realidad, a que somos inocentes y no tenemos que estar en la cárcel”.

Luchadores en peligro

Suástegui fue detenido el 17 de junio de 2014 en Acapulco. Fue torturado en la agencia del MP y encarcelado en La Unión. Al día siguiente, con lesiones causadas en la tortura fue trasladado al penal de máxima seguridad de Tepic, donde estuvo incomunicado, sin atención médica.  Regresó a La Unión el 31 de marzo de este año.
Ahora dice que se siente mejor, que recupera peso, y recuerda que cuando lo detuvieron pesaba 90 kilos, regresó de Tepic con 30 kilos menos, y ahora subió a 65. Dice que está contento porque ha recibido visitas de comisarios y de familiares Cacahuatepec.  “Los extraño, los quiero y los necesito, van a estar conmigo hasta el final de esta pesadilla”, dijo.
También habla de los otros presos políticos: “Abrazo a Nestora, estoy con ella, el Cecop está con ella, y con Gonzalo Molina y Arturo Campos, pronto una comisión del Cecop los va a visitar, somos hermanos en la lucha”.
Propone: “Vamos a fortalecer más al Cecop, a tejer una red de organizaciones en Guerrero para que no vuelva a haber crímenes contra los luchadores sociales y represión, presos, desaparecidos ni más sangre en el estado”.
Dice que está preocupado por el peligro de más violencia contra los movimientos sociales en el estado, después de los muertos y los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, porque el PRI recuperó la gubernatura, con el triunfo en la elección del 7 de junio de Héctor Astudillo. “Qué se puede esperar con un gobierno del PRI, si sufrimos represión con los gobiernos del PRD de Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre, en los que hubo desaparecidos, secuestros, asesinatos cometidos desde las altas esferas del poder?.
La idea es reagruparnos, aprovechar las redes sociales para llamar a acciones urgentes, no permitir que los movimientos sociales sigan aislados, denunciar y todos juntos hacer protestas legales. Es un idea que iremos madurando, tender una red de organizaciones sociales, de defensores de derechos humanos. Se trata de cerrar el paso a las acciones represivas del gobierno y hasta al crimen organizado que muchas veces el gobierno utiliza como brazo ejecutor de la represión”. (Maribel Gutiérrez).

Su reclusión es evidencia de la corrupción del gobierno, acusa Gonzalo Molina luego de ocho meses de prisión

“Si quieren tenerme aquí pueden hacerlo, pero no van a poder evitar que siga denunciando”, advierte desde la cárcel de Chilpancingo. A pesar del encierro, las amenazas y las torturas que ha sufrido injustificadamente, se mantiene de pie porque su causa es justa: una sociedad en armonía. El sistema de reeducación de la CRAC es mejor que el penitenciario del Estado, compara Lourdes Chávez

Chilpancingo

Con una sonrisa franca el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla, Gonzalo Molina Gonzalez recibe a sus visitas en el penal de Chilpancingo, tras ocho meses de encierro en dos prisiones federales fuera de Guerrero y después de 21 días en huelga de hambre, que canceló hace poco menos de dos semanas.?Reveló que en la cárcel federal de Miauatlán, en Oaxaca, a donde lo llevaron luego de su detención en noviembre de 2013, lo acusaron de motín y con ese argumento lo trasladaron al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, donde albergan a los prisioneros más peligrosos del país.?“Ahí sí hay comida y televisión”, le dijo entusiasmado otro detenido cuando supo cuál era su destino, pues en Oaxaca, a través de su esposa Ausencia Honorato, Gonzalo promovió una queja ante el organismos de derechos humanos por maltrato y mala alimentación.?Mantuvo su peso en los seis meses de detención en Oaxaca, comiendo un bolillo en las mañanas, cuatro tortillas en la tarde y ejercitándose a diario. Subió de peso en la prisión de Almoloya de Juárez, donde lo primero que recibió fue una taza de café y le permitieron repetir una pieza de pan.?Indicó que llegó a pesar 72 kilos, que implica una complexión robusta para un hombre de 1.60 metros de estatura, no engordó porque continuó ejercitándose al mismo ritmo de los más jóvenes. Durante la huelga de hambre que mantuvo del 15 de mayo al 4 de junio en solidaridad con la líder de la Policía Comunitaria en Olinalá que estuvo en ayuno por su libertad, Nestora Salgado García, bajó ocho kilos.?A sus 50 años de edad, Molina Gonzalez consideró que tenía fuerzas para seguir tal vez 20 días más si se le proporcionaran sueros.

Distinto a sus familiares, él no imaginó que esa protesta significaría el fin de su vida, aún con el dolor de cabeza constante y los mareos que le nublaban la vista. Los últimos siete días de huelga de alimentos estuvo en la enfermería, bajo supervisión médica.?Informó que cuando estaba en la enfermería le llevaban filetes y pollo asado y le decían, “pícale un poquito”, y que esa no era comida que dieran en el penal. Pero sus captores sabían que estaba en la mira de una cámara de vigilancia y por eso lo incitaban. Se negó porque después de tres días ya no sentía hambre, y el vacío en el estómago lo cubría con sueros y agua.?El luchador social se declaró en huelga de hambre en solidaridad con la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, que diez días antes dejó de probar alimentos por su libertad y la de los presos de la CRAC, a casi dos años de reclusión en el penal federal de máxima seguridad de Tepic, en Nayarit.?Molina González reveló que el gobierno del estado reactivó una solicitud de traslado que promovió el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, cuando lo llevaron a Oaxaca, para regresarlo a Guerrero.
De las agresivas condiciones de la cárcel de Tepic a los cuidados de su esposa en Chilpancingo
En la conversación con Gonzalo Molina ayer en la prisión, dos abogados señalaron que las condiciones de reclusión en el penal de Tepic, Nayarit, son más agresivas que en el Altiplano.?Como ejemplo informaron que el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz regresó a una prisión a Guerrero con unos 30 kilos de peso menos, porque durante días le negaron alimentos y agua potable.?Asimismo, Nestora Salgado denunció aislamiento, tratos crueles y degradantes en la prisión femenil de Tepic.?Gonzalo Molina recordó que todos los días firmaba una boleta donde decía los motivos por los que no probó alimentos, para deslindar al penal de responsabilidades sobre su integridad.?Su pelo con pocas canas es de un negro intenso, pero está casi rapado, se le ve recuperado. Ayer cumplió una semana en la prisión de Chilpancingo, en donde está separado de la población penitenciaria, recibió los cuidados de su esposa, Ausencia Honorato, quien solicitó un permiso especial para acompañarlo estos días.?Dijo que tiene confianza de alcanzar su libertad, pero si no fuera el caso, afirmó que cada día que pasa en prisión es evidencia de la corrupción, la negligencia y las injusticias del sistema judicial ante el mundo, “si quieren tenerme aquí pueden hacerlo, pero no van a poder evitar que siga denunciando”.

Dijo que a pesar del encierro, las amenazas y las torturas que ha sufrido injustificadamente, se mantiene de pie porque sabe con certeza que su causa es justa, y tiene un objetivo claro: “tener una sociedad más justa, que viva en armonía, en paz y tranquilidad, para que nuestros hijos y nuestros nietos no pasen lo que nosotros vivimos”.
Respeto a la vida, a la alimentación, la salud y la educación, demanda
En la entrevista el promotor de la CRAC que sobrevivía en Tixtla en el oficio de pepenador, demandó el respeto a la vida, a la alimentación, a la salud y la educación, pero aclaró que no se refiere al educación oficial, que el gobierno pretende mejorar con una reformas estructurales que fomentan el individualismo y el egoísmo para fortalece al sistema capitalista.?En medio de una ola de delitos y de impunidad en 2013, Gonzalo Molina promovió la conformación de la Policía Comunitaria de El Fortín, en Tixtla, donde vivía antes de ser encarcelado, apoyó la integración de decenas de comunidades de municipios de la región Centro y Montaña, entre estos Olinalá y Huamuxtitlán, de la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla, perteneciente a la CRAC.?Pronto los dirigentes más visibles de esta corriente ciudadana fueron perseguidos y encarcelados: Nestora Salgado, Gonzalo Molina y Arturo Campos Herrera.

Al comienzo tuvieron una relación cordial con los gobiernos municipales y el estatal que encabezaba Ángel Aguirre Rivero, luego fue ríspida porque denunciaron la relación del crimen organizado y las autoridades, lo siguieron haciendo en su detención y traslado a penales federales fuera de la entidad.
“¿De qué nos van a perdonar?”, dice de la Ley de Amnistía
Aunque accedió a que se utilicen todos los mecanismos que sean necesarios para buscar la libertad de los luchadores sociales, Gonzalo Molina consideró que la Ley de Amnistía que impulsa el gobernador Rogelio Ortega Martínez, en sí misma representa una contradicción.?Mencionó que el gobierno del estado por un lado los reconoce como autoridades legítimas de los pueblos, amparados en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena, pero encarcela y luego amnistía a los inculpados que son inocentes.?“No cometí delito, ellos deben pedir perdón por el error, y deben enmendar ese error dejándonos en libertad, sólo por las violaciones al debido proceso”, denunció.?Mencionó que las tres vías que se han propuesto para la libertad de los detenidos de la CRAC son viables para conseguir su libertad: la ley de amnistía si la aprueba el Congreso local, que se agoten los recursos legales en los juzgados con el visto bueno de los magistrados, o el desistimiento de las demandas penales a través del fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz, que se negó a revisar esta posibilidad.?Aclaró que si siguen retrasando sus procesos van a hacer públicos los expedientes de la CRAC sobre las personas que fueron sometidas a reeducación, y luego los acusaron de secuestro y privación ilegal de la libertad.

También dijo que podrían pedir que se apliquen responsabilidades contra los servidores públicos del Ministerio Público y de los juzgados que los mantienen en prisión, porque violaron una institución reconocida en leyes locales, en la constitución y que está respaldada en convenios internacionales: la CRAC. “No pedimos reconocimiento, ese ya lo tenemos, pedimos respeto”.?Añadió que en esta embestida contra los luchadores no solo los dañaron a ellos, también a sus familias porque quisieron desprestigiarlos con denuncias de secuestro y terrorismo. Gonzalo tiene en contra nueve causas penales y dos demandas aún están como averiguaciones previas, en el MP de Tixtla.?Tras esta experiencia, ratificó que el sistema de reeducación de la CRAC es mejor que el de readaptación social del derecho positivo, es decir, el del gobierno del estado y del federal.?“Conviví con cabecillas de cárteles y me respetaron por mi forma de actuar y de pensar… (porque) no estamos yendo a sus casas, sólo pedimos que respeten el territorio comunitario, si ellos están ahí por la mala educación o porque buscan la felicidad a través de las cosas materiales, podemos entenderlo”, expuso.?A la distancia aceptó que la Policía Comunitaria también debe mejorar, “nos hacen falta cosas a nosotros en las casas de justicia”, aunque no tiene derecho a voto en la asamblea regional, sólo a voz, dijo que cuando tenga oportunidad se presentará para decir su opinión.?De las divisiones de la CRAC donde hay claros y distintos liderazgos, incluso en Tixtla, dijo que “el alma y el espíritu de la CRAC es el servicio, la solidaridad, aquí no hay pago.

El gobierno va a querer darles dinero para pagar salarios, para destruir un proyecto de vida, pero si quieren un salario que se vayan a la Policía Municipal, la Estatal, la Federal o al Ejército”.?Agregó que el servicio del policía comunitario radica “en la satisfacción de haber hecho algo por su comunidad, por cambiar la situación de inseguridad que estamos viviendo”.?Por ejemplo, señaló que durante la lucha contra la delincuencia recogieron testimonios de adolescentes violadas que se quedaron en el anonimato.?También señaló que los policías comunitarios corren riesgos y tienen que asumirlos de frente a la sociedad, pues es el pueblo el que debe de defender a su Policía Comunitaria.?Un día después de llegar al penal de Chilpancingo, confirmó que recibió la visita breve de la esposa del gobernador, Rosa Icela Ojeda, quien le dijo que estaba el proceso la ley de amnistía. Le dijo que aceptaba el procedimiento, pero que no dejaran de lado las demás posibilidades legales para alcanzar la libertad de los luchadores sociales.?De buen ánimo, declaró que “es ganancia haber caído en la cárcel, estar vivo, volver a ver a la familia, ahora entiendo aquella frase bíblica de que hay que morir para vivir, porque cuando sales de una situación difícil puedes disfrutar otra vez, es maravilloso, eso es vivir”.?“Al encerrarme, es cierto, pensé que iba a ser desesperación y angustia, pensaba, ¿a quiénes más habrán detenido?”, cuando recibió información de que su esposa estaba libre, pudo estar tranquilo.?“Sabía que podía ocurrir (la represión), pero también sabía que cumplí como esposo, como padre”, una sicóloga de derechos humanos le explicó que estando libre se ocupaba de todo menos de él, en prisión comenzó ocuparse por primera vez de sí mismo, por esa razón tuvo paz pese a las agresiones, penurias, restricciones y aislamiento. Pese a la tortura.?El hombre de vida sencilla -se gana el sustento recogiendo basura en Tixtla-, que ahora tiene una hernia producto de su reclusión, aseguró que sigue “firme por el amor a la familia y al pueblo, eso es lo que lo mantiene a uno”.