Introducción

Markus Gottsbacher* Jaime Erazo**

* Oficial Principal del Programa Gobernabilidad y Justicia del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (idrc), Canadá.

** Miembro del Grupo de Trabajo Derecho a la Ciudad en América Latina del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (clacso).

Con la primera publicación del Grupo de Trabajo Derecho a la Ciudad en América Latina del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (gtdc, clacso), se pretende poner de manifiesto los elementos de reflexión de una propuesta que habiendo sido acuñada en 1968 ha emergido con fuerza en el siglo xxi, en un momento en que, como se manifestó en la propuesta de creación del gtdc, la mayor parte de la humanidad vive en ciudades, con históricas desigualdades y altísimos niveles de pobreza urbana.

En el presente libro se abordan los efectos producidos por una economía mundial que hegemónicamente es capitalista y neoliberal, y frente a ellos se reclama, bajo la consigna del Derecho a la Ciudad, que las urbes son para la gente y no solo para los negocios privados.

Esta obra se compone de cinco capítulos. Al primero se la nombró como Políticas públicas y Derecho a la Ciudad, dentro del cual se encuentran artículos de Alicia Ziccardi, Martha Schteingart, Víctor Delgadillo y Arsenio González Reynoso (México), Magela Cabrera (Panamá) y Joan Subirats (España), quienes reflexionan en el Derecho a la Ciudad como un nuevo derecho humano, una reivindicación social y una consigna política que ha cobrado gran interés en muchas ciudades del mundo. El segundo capítulo se denomina Dinámicas de protesta y conflictividad urbana. En éste las aportaciones de Any Brito (Brasil), Patrice Melé (Francia), Juana Martínez Reséndiz y Emilio Pradilla (México), giran en torno a la reivindicación del Derecho a la Ciudad por parte de diferentes agentes que pertenecen a movimientos sociales, organismos no gubernamentales, universidades y partidos políticos, los cuales buscan que este derecho sea reconocido e institucionalizado. En el tercer capítulo nombrado como Política urbana, Nataly Vargas (Bolivia), Pedro Pírez (Argentina), Emilio Duering, Carmen González y Daniel Hiernaux (México), presentan discusiones sobre lo útil que resultan las políticas públicas cuando permiten reclamar el Derecho a la Ciudad al Estado para defender el territorio urbano frente a la especulación urbana, los megaproyectos y otras formas de despojo de los recursos urbanos. Al cuarto capítulo se lo tituló Ciudadanía y participación, y de él son parte Lucía Álvarez, Tuline Gülgönen y Oscar Torres (México), Paulo Coto y Julio Solís (Costa Rica), quienes reflexionan sobre los alcances y limites de este nuevo derecho social en un mundo hegemónicamente neoliberal. Finalmente, el quinto capítulo se llama Reforma y planeación urbana y de él son parte Beatriz Cuenya (Argentina), René Coulomb, Edna Vega, Elsa Pérez y María Martínez (México), Liliana Sánchez y Alberto Gutiérrez (Colombia). En este apartado los autores plantean el Derecho a la Ciudad como un instrumento político a través del cual se debe analizar no solo lo político de las planificación sino también a los sujetos proponentes de intenciones y acciones.

El antecedente que dio origen a este libro fue el Seminario Internacional El Derecho a la Ciudad en América Latina: Visiones desde la política, evento de donde esta publicación toma su título. La actividad académica se desarrolló en la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), los días 24 y 25 de febrero de 2014. Fue organizada por el gtdc; el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (puec, unam); la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede académica Ecuador (flacso ecuador); el Programa de Posgrado en urbanismo, las Facultades de Economía y Arquitectura, el Instituto de Investigaciones Sociales, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y la Coordinación de Humanidades de la misma unam. Además, el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México (cedua, colmex), la Universidad Autónoma Metropolitana (uam), la Coalición Internacional del Hábitat Oficina Regional para América Latina (hic-al), la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos (glom) y la Autoridad del Centro Histórico de México.

En el encuentro se planteó como premisa central que, bajo el Derecho a la Ciudad, en diversas ciudades de nuestra región se han generado un conjunto de iniciativas prácticas y teóricas que pretenden articular una serie de acciones ciudadanas, protestas civiles, resistencias sociales, investigaciones académicas y propuestas políticas, con el fin de contrarrestar los efectos negativos que el neoliberalismo urbano continúa generando en nuestras ciudades y para luchar por una ciudad justa y por la construcción de ciudadanía. Así también, se propusieron las siguientes preguntas centrales: ¿cuáles son las bases y los procesos reales, culturales, sociales y políticos para que otra

ciudad sea posible?, ¿es la falta de políticas completas para la ciudad la fuente para la desigualdad? y ¿cómo se puede lograr una ciudad para la vida en aras de la equidad? En torno a éstas interrogantes se generaron un gran conjunto de discusiones en cuyo centro se estimó está la falta de conciencia sobre el Derecho a la Ciudad. Pero no solo con éste sino también con lo urbano que es visto únicamente como un entorno físico o un continente, o como un marco de procesos técnicos específicos que conllevan al anonimato y la segmentación de grandes masas de pobladores carenciados, principalmente, lo cual marca las estructuras sociales de nuestras ciudades. Aún así, en el marco del Seminario se colocó al concepto de lo urbano dentro de los espacios generados por prácticas sociales, productivas y económicas.

Uno de los grandes ejes del encuentro giró en torno a la ubicación actual de las ciudades en el centro de la innovación económica y productiva, y en el marco de la mundialización, mercantilización y del “urbanismo emprendedor”. Esta situación ha incidido en las formas cómo se plantean políticas públicas urbanas: como instrumentos de reacción ante los problemas específicos que “surgen” en la ciudad o frente a la intensidad con la cual estos “ocurren” en la misma. Y esto ha provocado que a las políticas se las entiendan solo con tres referencias, la técnica-urbanística, la local y la institucional, dejando no solo fuera a las miradas alternativas que han dado respuestas a las crisis de nuestras urbes sino generando una mala suerte de confusión entre las complejidades de lo urbano y lo urbanístico, y sin trascender lo institucional. Así, las ciudades no solo están en los centros de procesos globales sino que estando allí actúan como elementos clave de las dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales de nuestras sociedades, y por ello requieren de instrumentos de gobernanza multi-nivel para contrarrestar los crecientes problemas de segmentación social. En otras palabras, la sola promoción de políticas de “innovación económica y productiva”, como respuestas a problemas sociales no resueltos ni por el mercado ni por las instituciones, no solucionan un problema central como es la distribución de poder dentro de la ciudad y es aquí en donde el Derecho a la Ciudad adquiere más sentido pues éste entiende que toda iniciativa de solución promocionada por la gente genera más “valor social”: las prácticas comunitarias son embriones de una nueva institucionalidad. Sin embargo, no se trata de quitarle responsabilidades al poder público sino de dotarle de una mirada contra-hegemónica, de un nuevo protagonismo cívico que entre en conflicto con la visión delegacionista y clientelar que está inscrita en la lógica institucional y en una jerarquía política que tiende a situar toda relación entre institución y ciudadanía. En resumen, el desafío de alentar el Derecho a la Ciudad tiene que ver con la posibilidad, por un lado, de desarrollar una serie de innovaciones sociales y urbanas que tengan impacto en los ámbitos de la justicia social, la sustentabilidad ambiental, la originalidad democrática y el empoderamiento. Y por otro lado, el Derecho a la Ciudad tiene que ver con la construcción desde debajo de todos los derechos sociales, incluidos el de la ciudad y el de los bienes comunes.

Un segundo eje se relacionó con la tendencia a homogeneizar las soluciones frente a las problemáticas colectivas. Ante esto, Emilio Pradilla mencionó que, “frente a la heterogeneidad de las poblaciones urbanas, de los conflictos urbanos, de las luchas sociales, de los procesos comunitarios, predomina una cierta homogeneidad de respuestas promovidas por el sector inmobiliario que mercantiliza el espacio público y privatiza los suelos”. Esta propensión está basada en una serie de “modas empresariales” que alientan lógicas predominantemente individualistas que dejan sin peso suficiente a los procesos sociales impulsados por movimientos urbanos alternativos y pluri-clasistas que buscan enfrentar, en sentido general, toda conflictividad provocada por los agentes privados, y en sentido específico, a los grandes megaproyectos emprendidos por el sector inmobiliario en estrecha alianza con los gobiernos locales. Asimismo, la inclinación a lo homogéneo ha desplazado las ideas y acciones colectivas y de participación ciudadana, las cuales se han visto problematizadas y en situación de emergencia. Es más, el esfuerzo de uniformidad ha fortalecido mitos, como suponer que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación suponen formas de participación, o que toda organización no gubernamental tiene representatividad social real cuando lo que varias hacen es desplazar a los movimientos sociales reales, o que el proceso de globalización otorga “ciudadanías globales”. El proceso de homogenización de todos y de todo plantea todo lo contrario al Derecho a la Ciudad, es decir, no es universal, es mercantil, no es vinculatorio, es individual. La homogeneidad al igual que el capitalismo y el neoliberalismo no satisfacen derechos.

El tercer y final eje del Seminario propuso debatir el Derecho a la Ciudad no como el derecho a mejorar las urbes que tenemos sino como el derecho a cambiarlas y a construir ciudades socialmente justas. Así, se presentó una nutrida reflexión en torno a la redefinición de los derechos de propiedad y al papel de las instituciones en la regulación de conflictos sociales. Clara Salazar manifestó que “la institucionalización de la propiedad privada es vista como única vía para tener derechos de propiedad” y esto conlleva no solo a la creación de un ambiente de violencia sobre todo en las periferias sino a la destrucción de la existencia de territorios libres de conflictos. Y es que estos se han diversificado, multiplicado y generalizado, como sostuvo Patrice Melé, quien también advirtió sobre la existencia de una sobrecarga teórica en el abordaje de las tensiones que poco o nada tiene que ver con los planteamientos políticos del Derecho a la Ciudad. Por ejemplo, las teorías de los movimientos sociales han obligado a hacer tipologías que han descalificado a muchas otras formas de luchas urbanas y al hacer eso se ha perdido la dimensión política de la democracia urbana que es fundamental en el debate sobre el Derecho a la Ciudad, el cual, además, se propone cambiar las urbes, transformar las formas de urbanización y arribar a formas democráticas de gestión urbana que deben incluir a todos los grupos sociales que luchan aunque no sean los más excluidos, a la gente que se involucra en movimientos por interés propio y a los individuos que adoptan el lenguaje de la justicia social.

El Seminario Internacional El Derecho a la Ciudad en América Latina: Visiones desde la política contó con las participaciones magistrales de Joan Subirats, del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona (igop, uab), España; y Patrice Melé, de la Université François Rabelais, de Tours, Francia. Además se presentaron 59 expositores procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Francia, México, Panamá y Perú, quienes estuvieron organizados en 5 paneles de discusión denominados: Movimientos sociales y nuevos actores urbanos: dinámicas de protesta y conflictividad urbana; El retorno del Estado en las relaciones gobierno central y gobierno local: procesos de descentralización y autonomía municipal; Gobiernos locales y sistema político, participación ciudadana, representación política y nuevos marcos institucionales; y Nuevas políticas urbanas: reforma urbana y el regreso a una planeación urbana alternativa i y ii; y en 5 mesas simultáneas nombradas como: Seguridad ciudadana y conflictividad urbana; Dinámicas de protesta, movimientos sociales y nuevos actores urbanos; Los procesos políticos y las relaciones entre los gobiernos central y local; Participación ciudadana, sistemas y representación política, y marcos institucionales; y Visiones del Derecho a la Ciudad en países de la región.

De entre los 59 expositores que participaron en el encuentro se eligieron 21 artículos de 27 autores que constituyen los cinco capítulos de la presente publicación y que se los presenta a continuación según el orden de aparición en el índice de la presente publicación.

De la cuestión urbana al derecho a la ciudad. Alicia Ziccardi manifiesta que las cuestiones, social actual y urbana, están determinadas por las condiciones de precariedad laboral, por el debilitamiento del Estado de bienestar y por la persistencia e incremento de la pobreza urbana. También sostiene que, particularmente, la cuestión urbana se manifiesta a través de los procesos de fragmentación que han dividido y segmentando, en los últimos tiempos, con más intensidad a las ciudades de nuestra región, lo cual afecta no solo a los pobladores urbanos pobres sino a todo el conjunto de la sociedad pues fractura el tejido social y genera las condiciones propicias para que proliferen la violencia y la inseguridad. La autora se centra en el estudio de las políticas sociales y urbanas que se diseñaron e implementaron en Ciudad de México desde 1997, sobre las cuales dice que han sido “innovadoras y diferenciadas” frente a las impulsadas por el gobierno federal puesto que han conseguido mejorar las condiciones de vida de los sectores populares y han creado espacios de participación ciudadana inéditos. Sin embargo, también expone, aún prevalece en la ciudad, la precarización de la vida para grandes mayorías de pobladores lo cual exige acciones públicas diferentes, por parte del gobierno local, en relación con la modificación del salario mínimo de los trabajadores, uno de los más bajos de la región.

Política de vivienda, organización del espacio y participación ciudadana. Martha Schteingart aporta al tema del Derecho a la Ciudad a partir de criticar el modelo excluyente que genera la política de vivienda en México, el cual impide que una gran parte de la población no tenga derecho a habitar la ciudad de manera mínimamente aceptable. También la autora hace referencia a los espacios de participación ciudadana de los grupos más necesitados a través de los cuales se confronta la problemática de acceso a suelo urbano y vivienda. Y reflexiona sobre los avances, en los últimos años, de estos movimientos, que se han transformado según los cambios institucionales o según las propias iniciativas de las organizaciones populares, en Ciudad de México, particularmente.

Políticas urbanas e innovación social: entre la coproducción y la nueva institucionalidad. Prácticas significativas en España. Joan Subirats relaciona el concepto de innovación social, muy utilizado en la actualidad para afrontar los nuevos y viejos dilemas que el cambio de época genera en todo el mundo, con el espacio urbano por excelencia que es la ciudad. Él estudia la concentración de recursos de todo tipo, la densidad de relaciones sociales y los problemas y la conflictividad que esa densidad y acumulación de personas genera y que propician que la ciudad sea un espacio privilegiado de innovación. En su aportación se apuntan los elementos principales de una investigación que tuvo lugar en España entre los años 2011 y 2014, en la que se analizaron distintas experiencias de innovación social y urbana en cinco grandes ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao, experiencias que contaron con grados distintos de colaboración público-privada. Su texto incorpora un debate sobre el concepto de innovación social y los criterios de significatividad escogidos para seleccionar las prácticas. Asimismo el autor sugiere que estamos en momentos en que las relaciones y colaboraciones entre instituciones públicas e iniciativas sociales pueden generar espacios de coproducción de políticas locales, que permitan abordar de manera más efectiva y cohesionada las nuevas problemáticas que plantean en las ciudades el escenario de cambio de época.

El Derecho a la Ciudad en la Ciudad de México: utopía, derechos sociales y política pública. Víctor Delgadillo manifiesta que el Derecho a la Ciudad, como concepto, alude a tres dimensiones: la utopía, los derechos sociales y las políticas públicas. En la Ciudad de México, dice, se han construido utopías urbanas y políticas que aspiran a la construcción de una sociedad y una ciudad mejores. Y cita a dos programas políticos recientes, el de Una ciudad para todos y La Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, como propuestas con carácter utópico, que han pretendido guiar, en el primer caso, la política pública del primer gobierno democrático de la capital mexicana y, el segundo, la conquista de una legislación urbana. Analiza ambas iniciativas para dar cuenta de las concepciones diversas sobre lo que los distintos actores entienden por Derecho a la Ciudad y basado en sus praxis remite a la discusión los siguientes dos aspectos: 1. Los Derechos Sociales y su realización en un mundo capitalista neoliberal y en una cultura política que históricamente reconoce derechos sociales, pero no los cumple; y 2. Las políticas públicas que un gobierno, autodenominado de izquierda, practica en una de las urbes más habitadas del planeta. Víctor discute estas tres dimensiones de Derecho a la Ciudad y analiza la problemática y algunos desafíos para su realización.

Donde la ciudad pierde su esencia: lucha de las clases medias por el Espacio Público y el Derecho a la Ciudad en Ciudad de Panamá. Magela Cabrera Arias estudia la unión de los movimientos por el acceso al suelo, a la vivienda y a la demanda por mejores condiciones de subsistencia, con los movimientos sociales urbanos que cada vez son más numerosos y opuestos a los megaproyectos, a la destrucción del hábitat por el capital financiero inmobiliario; y defensores del patrimonio arquitectónico, la herencia cultural y el medioambiente. Ella analiza el proceso de resistencia ejercido por el movimiento Red ciudadana urbana de Panamá contra los promotores inmobiliarios que con sus proyectos deterioran la calidad de vida en Ciudad de Panamá. También examina la naturaleza y objetivos de la Red y explica cómo ésta, al igual que otros movimientos sociales panameños, son el resultado de la frustración ante el debilitamiento de las políticas públicas y el significativo crecimiento de una inoperante burocracia estatal. Asimismo, reflexiona sobre las acciones que enfrentan el caótico crecimiento de la ciudad y expone cómo el urbicidio se extiende en Ciudad de Panamá con graves consecuencias, dispersión urbana, privatización del Espacio Público y trasformación de los ciudadanos en consumidores y clientes. Por último, concluye diciendo que las ciudades con mejor calidad de vida son aquellas capaces de promover la participación activa de la ciudadanía en los procesos de construcción, apropiación y administración colectiva de la ciudad.

El derecho humano al agua y las contradicciones urbanas y regionales del abastecimiento de agua a la Ciudad de México. Arsenio E. González Reynoso reflexiona sobre los desafíos que las condiciones geográficas y urbanas plantean a la implementación del derecho humano al agua en la Ciudad de México. Él dice, por un lado, que abastecer de agua potable a la población de la capital mexicana y de su zona conurbada tiene un conjunto de condicionantes, entre las cuales no es menor el modelo ofertista de política hidráulica basado en grandes obras de trasvase; y por otro lado, sostiene que las garantías del derecho humano al agua no pueden basarse únicamente en el incremento de caudales sino en la construcción de un nuevo modelo sustentable de manejo del agua. En las páginas de su artículo estudia dos iniciativas impulsadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en 2009 y por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal en 2010, que a pesar de haber estado guiadas por principios de equidad, participación ciudadana y coordinación intersectorial, se desarrollaron en medio de las tensiones y contradicciones de una ciudad atravesada por procesos de privatización y profundización de la desigualdad social.

¿Qué producen los conflictos urbanos? Patrice Melé establece bien la relación entre conflicto, política y derecho a la ciudad. Introduce la idea de que las movilizaciones urbanas no solamente son una experiencia de ciudadanía sino producen “nuevas” formas de ciudadanía que reivindican el derecho a tener derechos para la construcción del espacio público urbano como bien común. Él dice que los habitantes movilizados tienen una visión territorial de la acción pública que los vuelve especialistas de las reglas de derecho a la planeación y participación urbana, y vigilantes de la acción de los poderes públicos que no siempre toman en cuenta sus derechos. En este sentido Patrice señala que el conflicto urbano produce actores políticos, y se caracteriza por fases de participación y concertación pero también de tensión y confrontación. Sin embargo, sostiene el autor, la construcción de lo público, o sea de un espacio público para el debate, depende de la capacidad de las movilizaciones urbanas y de tener acceso a redes militantes o especializadas.

Las transformaciones de los conflictos y los movimientos sociales en las ciudades latinoamericanas. Emilio Pradilla Cobos describe los cambios en los movimientos sociales urbanos de las tres décadas pasadas en aras de explicar los conflictos suscitados alrededor de la creciente demanda del sector inmobiliario, de los megaproyectos de usos múltiples, de los proyectos de vialidad automovilística, etcétera. Él hace énfasis en las transformaciones que van de lo urbano popular a lo pluri-clasista, y de lo colectivo a la participación individualizada; y estudia el auge, la sobrevaloración y las contradicciones de las redes sociales y de las organizaciones no gubernamentales en las dinámicas de los conflictos urbanos. Para él, el Derecho a la Ciudad debe ser garantizado por la sociedad a través del Estado y debe representar una demanda política, anti-neoliberal y anti-capitalista.

Ciudades sitiadas, la seguridad para la Copa de 2014 y las “Jornadas de Junio” en Brasil. Any Brito Leal Ivo critica, considerando a la Copa Mundial de Fútbol 2014 que se llevó a cabo en Rio de Janeiro, la criminalización de las manifestaciones populares en contra de los mega eventos deportivos. Ella observa la complejidad de la relación entre consumo, derechos y política, y al igual que Pradilla Cobos, problematiza el desmonte de las ideas de “democracia representativa” y “participación popular” pues a menudo son instrumentalizadas para fines de legitimización de meros intereses del capital financiero. Any critica fuertemente la violación de los derechos ciudadanos a la ciudad en el marco de mega eventos de entretenimiento deportivo, así también cuestiona los procesos de planeación y gestión urbana que llevan a esas grandes intervenciones urbanas y arquitectónicas. Una de sus concentraciones académicas es el análisis de los grupos sociales menos favorecidos quienes permanentemente sufren violaciones que se expresan no solo en la ausencia de pobladores pobres en las negociaciones sino en los procesos de expropiación que sin duda tienen un profundo impacto en el derecho a suelo urbano y vivienda. La política de seguridad pública, manifiesta, domina la política urbana que se crea en torno a un mega evento deportivo como lo fue la Copa en Rio. Y concluye que ésta se manifiesta de manera represiva en su afán por controlar el espacio urbano.

Conflicto urbano en la Ciudad de México: El caso de la Supervía Poniente. En el ejemplo de otro conflicto provocado por otro megaproyecto urbano como es la construcción de la “Supervía Poniente” en la ciudad de México, Juana Martínez Reséndiz demuestra que no basta ni con la participación social ni con los mecanismos jurídicos para exigir el Derecho a la Ciudad. Nuevamente, dice la autora, la democracia ciudadana participativa, claramente anclada en la Carta por el Derecho a la Ciudad, no fue

respetada. Las autoridades gubernamentales, en vez de articular a las organizaciones sociales y las instituciones públicas en la construcción de ciudades sustentables y del derecho colectivo por la ciudad, decidieron contribuir en el proceso de división del movimiento social para así poder realizar dicho megaproyecto.

La urbanización, ¿mercancía o derecho? Una discusión para la política urbana. Pedro Pírez analiza algunas de las consecuencias que produce el fenómeno de la mercantilización de la urbanización como por ejemplo el incremento de la deuda social de la población que queda fuera del mercado. Él dice que este proceso va de la mano con otros que están caracterizados por la desmercantilización social la cual consolida las desigualdades en los contextos urbanos de la región. El autor también se pregunta cómo se pueden reconciliar los objetivos y los resultados contrapuestos entre la producción mercantil y el consumo no mercantil, junto con sus efectos de concentración y redistribución.

Nuevas políticas urbanas, gentrificación y resistencia: movimientos sociales incipientes en Querétaro. Emilio Duering, Carmen González y Daniel Hiernaux ilustran con el ejemplo de la revitalización del Centro Histórico de Querétaro en México, diferentes experiencias de gentrificación y recuperación de micro-espacios que oscilan entre el intento de proyectar una imagen de “paz y tranquilidad” lograda por prácticas de remoción de ciertos grupos que producen malestar social visible, y políticas supuestamente “más exitosas” de integración y participación ciudadana. Así, las estrategias gubernamentales de depuración social en algunos espacios públicos urbanos van acompañadas con otras de pseudo-consulta sobre cómo evitar manifestaciones, prácticas de clientelismo, división de adversarios, etcétera. Todas éstas, dicen los autores, contribuyen al carácter efímero de la conflictividad y de la transacción social en detrimento de la consolidación de organizaciones sociales.

Asentamientos irregulares y nuevas políticas urbanas en Bolivia. El desafío de la participación institucionalizada. En su análisis de nuevas políticas en pro de la dignificación de las clases urbanas populares y el control del proceso de urbanización en el Estado Plurinacional de Bolivia, Nataly Vargas critica las insuficiencias de las reformas legales implementadas en su país, de forma general, y de modo particular, destaca las dificultades que éstas han encontrado en cuanto el establecimiento de sanciones para quienes especulan de manera ilegal con el suelo urbano y para quienes estafan a los pobladores urbanos más vulnerables. También la autora plantea la necesidad de fortalecer la participación institucionalizada y apoyar el cumplimiento de la función social de la propiedad que ha sido promovida por el Estado Boliviano a nivel político.

Jóvenes y ciudadanía en la Ciudad de México. Lucía Álvarez Enríquez realiza un acercamiento al Derecho a la Ciudad desde la perspectiva de los jóvenes urbanos en la Ciudad de México, quienes han instrumentado modalidades muy diversas de construcción de ciudadanía, en tanto se asumen como parte protagónica de la comunidad política local, como merecedores del acceso a los bienes urbanos, materiales y simbólicos, y como actuantes de derechos. Las experiencias juveniles que la autora recoge ponen de relieve el ejercicio ciudadano a partir de reconocer y poner en práctica principios y valores sustantivos, como la pertenencia, la identidad, la participación, la incidencia en la vida pública y la generación de nuevas formas de hacer política.

Territorio desigual y ciudadanía en Acapulco. Una mirada analítica frente a la segregación socioeconómica. Óscar Torres Arroyo coloca al caso de Acapulco como un ejemplo muy significativo de transformación territorial urbana para fines predominantemente turísticos. Este proceso de modificación cuenta con avales estatales que han llevado a ampliar los procesos de segregación y exclusión social, y a fortalecer las condiciones de pobreza urbana, deterioro ambiental e inseguridad ciudadana en la urbe. Así también él dice que la falta de planeación y ordenamiento territorial en Acapulco han llevado a producir vivienda de baja calidad y a desarrollar espacios urbanos insulares para clases económicas muy diferenciadas dentro del contexto espacial del caso que estudia.

Ciudadanía, espacio urbano y actoría social de la infancia: ¿Qué derecho a la ciudad para las niñas y los niños en la Ciudad de México? Más allá de la importancia de la inclusión en el espacio público per sé, Tuline Gülgönen tematiza la importancia de la ciudadanización y participación de la infancia en ello. La autora de forma contundente argumenta sobre el carácter asistencialista de las políticas públicas para la infancia que a menudo se caracterizan por simulacros de participación y no por la inclusión real de niñas y niños, sobre todo de los más marginados, dentro de la ciudad. Dice que el dominio del parque automotor en el espacio público ha llevado a la desaparición de la niñez de las calles públicas de la urbe. Esto a vulnerado los derechos sociales de los infantes y ha mostrado que las funciones urbanas se destacan solo cuando son adulto-céntricas. Por último precisa que se debe promover la actoría social e inclusión de la infancia en la toma de decisiones sobre el espacio público y el Derecho a la Ciudad.

Vida y muerte de la organización en barrios: memoria colectiva de la convivencia urbana en la ciudad de San José, Costa Rica. Dentro de las discusiones sobre la incidencia y agencia política, Paulo Coto y Julio Solís argumentan que el Derecho a la Ciudad es un derecho diferenciado con más posibilidades de ser implementado en barrios elitistas que en asentamientos populares y marginados de San José de Costa Rica. Ellos se basan en análisis del contexto histórico y en estudios de la memoria colectiva de la convivencia urbana en diferentes barrios josefinos, para criticar la instrumentalización de lo público con fines privados y para manifestar que el Estado, a través de sus acciones afirmativas y/o negativas, contribuye a la destrucción de la organización barrial y a la negación del Derecho a la Ciudad.

Nuevos enfoques y herramientas para la regulación del suelo en Argentina. Una lectura desde la perspectiva de la reforma urbana. Beatriz Cuenya, citando a Jorge Enrique Hardoy, dice que hace cincuenta años él sostenía que sin control público de la tierra no habría solución a la situación urbana de entonces y mucho menos a la futura. Y continúa manifestando que él proponía una serie de medidas para lograr dicho examen, las cuales incluían la función social de la propiedad y la recuperación estatal de las

plusvalías generadas por las actuaciones propias del Estado en el territorio. Beatriz además analiza lo sucedido con las propuestas de reformas urbanas en las últimas décadas, las cuales han sido reactualizadas por amplios conglomerados de organizaciones sociales, académicas y legisladores que han abogado por la aplicación de un nuevo derecho urbanístico en la región, desarrolla una reseña de los fundamentos y los objetivos de estas propuestas y presenta la descripción de algunos de los nuevos instrumentos que se han diseñado y aplicado en su país, desde comienzos de la década del dos mil, examinando cuáles son los avances y obstáculos que ellos enfrentan desde la perspectiva de las ideas renovadoras que se discuten en la región.

Los sujetos patrimoniales del centro histórico: de la valoración identitaria a la valorización mercantil. Una exploración inicial desde la Ciudad de México. René Coulomb y Edna Vega Rangel estudian el derecho al disfrute del patrimonio cultural urbano, en particular del centro histórico. Indican que éste supone la constitución de “sujetos patrimoniales” quienes son los creadores y también los usufructuarios del patrimonio, a pesar que los procesos de apropiación sean desiguales. Los autores exploran una doble hipótesis: por una parte, que sin la existencia de “sujetos patrimoniales” no existe realmente el patrimonio cultural urbano y que, por otra parte, estos son los que pueden diseñar y llevar a cabo un proyecto para este espacio. Así también, dicen que en la actualidad y dentro de un contexto de disputa por el espacio patrimonial, se confrontan los siguientes tres tipos de proyectos en los centros históricos de América Latina y el Caribe: a) la protección y conservación del patrimonio cultural urbano, generador de identidad para las distintas comunidades tanto a nivel nacional como local, tutelado por el Estado como un asunto de interés público; b) la re-valorización mercantil del patrimonio histórico edificado, dominada por los intereses vinculados a la economía turística y del ocio; y c) la ciudadanización de la gestión patrimonial, en relación con las necesidades sociales, particularmente de las comunidades que viven y trabajan en las áreas patrimoniales.

Democracia, planeación y participación en Colombia. Marcos institucionales y prácticas para la construcción de ciudad popular. Liliana Sánchez y Alberto Gutiérrez reflexionan sobre las posibilidades contemporáneas que realizan el Derecho a la Ciudad en Colombia como expresión de democracia, observadas en dinámicas urbanas que están siendo actualmente renovadas por procesos de planeación participativa. En su discusión consideran que el reconocimiento de discursos institucionales de orden nacional y local han promovido escenarios e instrumentos novedosos mediante la implementación de intervenciones urbanas en asentamientos precarios, y estudian de manera particular el Proyecto Urbano Integral de la zona nororiental (pui-nor) de la ciudad de Medellín, el cual se destaca en su país por los espacios de participación generados durante el proceso, así como por el surgimiento de transformaciones territoriales que posibilitaron nuevas materialidades, simbologías, usos y apropiaciones por parte de los pobladores. Con este marco analítico, los autores se interesan por resaltar las manifestaciones del Derecho a la Ciudad que han surgido como respuestas a la problemática urbana amparadas en discursos y prácticas sociales, que se han instalado en el tiempo, como productoras y producto de ciudad. Su desafío más importante está centrado en mostrar los esfuerzos colectivos por reconstruir las luchas por un habitar digno en medio de realidades complejas, conflictivas y contradictorias.

La planeación de las áreas verdes como una expresión del Derecho a la Ciudad: análisis de caso de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. María Martínez-Rodríguez y Elsa Pérez presentan los avances de una investigación mayor cuyo objetivo principal se centra en explicar, a través de un análisis de caso, cómo los actores estratégicos a través de las políticas públicas municipales han incentivado el déficit de los espacios públicos dedicados a la convivencia, recreación y bienestar, frente a la sobreproducción de los espacios privados comerciales. En su artículo exponen los resultados preliminares sobre la situación actual de la distribución del uso de suelo municipal, con énfasis en las áreas verdes y en los centros comerciales; resaltan aspectos de su disponibilidad que se problematiza a partir del marco teórico del Derecho a la Ciudad; y constatan que existe un desequilibrio entre los espacios público y privado, el cual impacta negativamente en el bienestar social y ambiental de la población, así como en la ciudadanización y la opinión pública.

En suma, la primera publicación del Grupo de Trabajo Derecho a la Ciudad en América Latina del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, pretende, por un lado, responder algunas de las preguntas que se plantearon cuando se creó la red, en 2013, siendo estas las siguientes: ¿Qué políticas de ciudad se desarrollan en nuestros países tanto a nivel local como estadual o federal? ¿Cómo afectan las transformaciones urbanas recientes a los modos de vida de la población urbana en los países de América Latina y el Caribe? ¿Qué debates existen en los diferentes países, estados o ciudades de nuestra región en torno al Derecho a la Ciudad? ¿Qué experiencias de gestión democrática de las ciudades son relevantes actualmente? ¿Qué procesos autogestionarios, en torno al Derecho a la Ciudad, se encuentran desarrollando en la región? ¿Cómo comprender estos procesos, transformaciones, debates y la acción colectiva? ¿Qué diferencias y semejanzas se pueden encontrar entre las transformaciones y los procesos de las ciudades latinoamericanas? Y ¿Qué nueva teoría se ha generado en relación al Derecho a la Ciudad? Y por otro lado, con el presente libro, se materializa el objetivo general del gtdc, que planteó proporcionar espacios editoriales para el intercambio de saberes sobre los desafíos actuales del Derecho a la Ciudad en América Latina y el Caribe.