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Establecer un Consejo Plurinacional del Agua y respeto a la gestión comunitaria son las exigencias que delegaciones de comunidades indígenas y campesinas de Pichincha plantearon ayer durante la consulta prelegislativa sobre la Ley de Aguas. Los comuneros coincidieron en señalar que las decisiones sobre el manejo y administración del recurso hídrico no se pueden tomar “atrás de un escritorio” y por un grupo reducido de funcionarios que no conoce la realidad de la comunidad, de sus costumbres ancestrales, de su forma de organización y toma de decisiones. “No es posible que una o dos personas decidan sobre el destino del agua, sobre quiénes van a coger o a quiénes va a entregarse”, manifestó Segundo Alcasigua, de la Corporación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cangahua. Daniel Guasga, de la organización Tupigachi, dijo que el tema del agua no es negociable para las comunidades y defendió el manejo comunitario, pero cree que esta característica estaría en riesgo si se deja como único como organismo rector de la política hídrica a la Autoridad única del Agua. “En ese sentido de qué manejo estamos hablando”, manifestó el dirigente. Su postura es que desde las comunidades deben tomarse las decisiones de cómo manejar el recurso ya que se consideran guardianes del agua porque viven cerca de las vertientes, en los páramos. Otro planteamiento fue la creación de un fondo nacional del agua para la obtención directa de recursos para canales, sistemas de riego, entre otros, ya que no quieren seguir dependiendo de los presupuestos de los gobiernos seccionales. La cita La reunión se cumplió en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. De acuerdo al reglamento de consulta prelegislativa, se inscribieron 8 organizaciones de segundo grado con 3 representantes por cada una. Sin embargo, por la incidencia que tiene este recurso en las comunidades, asistieron cerca de 1.500 personas que fueron ubicadas en las barras altas y en los exteriores del Salón. “En las comunidades carentes de agua existe pobreza, alta migración; mientras que donde hay agua se genera economía, desarrollo, empleo”, aseguró Guillermo Churuchumbi, presidente del pueblo Cayambe. Durante la reunión no faltó el cuestionamiento al mecanismo de consulta prelegislativa ya que algunos sectores consideran que no se ha socializado el proyecto y que no hubo un documento base sobre el cual discutir los planteamientos. Criterio que fue rechazado por Mauricio Proaño, legislador por PAIS, quien aseguró que se está dando un proceso transparente con la participación de los diferentes representantes de las organizaciones en cada una de las provincias. Sin embargo, en todas las intervenciones, los diferentes representantes de las comunidades advirtieron a la Asamblea que estarán vigilantes del proceso de aprobación para que se respeten sus planteamientos y para que la Ley no responda a intereses de grupos particulares o a la visión particular de los asambleístas. “Ojalá no se les ocurra pasar la Ley cuando estemos bailando el Inti Raymi, porque con mayor fuerza hemos de venir”, anticipó uno de los dirigentes comunitarios. (HCR) El proceso ° Mauricio Proaño, legislador del oficialismo e integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria que trabaja en la Ley de Aguas, informó que tras las audiencias provinciales que concluyen el 15 de abril, en un plazo de 15 días se elaborará un informe por provincia de los temas analizados y que se pueden incluir o no en la Ley. Luego se realizará una mesa de diálogo nacional con la participación de delegados de las principales organizaciones para discutir los consensos y disensos identificados en las audiencia provinciales. Enseguida la Comisión elaborará el informe final que será presentado a la Presidencia de la Asamblea y que lo incorporará, además, en el informe para segundo debate del proyecto de Ley. El Dato Las propuestas que presentan las comunidades no son vinculantes para la Comisión de Soberanía Alimentaria.