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INFORME DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES EN MÉXICO (1997-2006)

Diversas organizaciones de la sociedad civil en México (tanto de desarrollo como de derechos humanos) se han coordinado desde 1998 para la elaboración de informes sobre la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) para ser presentados frente al Comité de la ONU que se ocupa de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados en la materia y emitir recomendaciones.

A principios de mayo próximo, varias de ellas viajarán a Ginebra para presentar directamente algunos de los contenidos esenciales, testimonios y denuncias incluidos en este Informe Alternativo. En términos generales, el Informe contiene una síntesis de la información de diagnóstico de la situación que guardan cada uno de los DESCA en el país; motivos de preocupación por las limitaciones del marco legal, las políticas públicas o el acceso a la justicia; algunos casos de violaciones a los DESCA; resultados del análisis de algunas de las medidas gubernamentales y legislativas adoptadas en el período de reporte y la valoración de algunas secciones del IV Informe Periódico. Asimismo, se proponen recomendaciones específicas por derecho y tema.

Los derechos incluidos en este informe son:
• Derecho a la libre determinación
• Derecho a la igualdad entre hombres y mujeres
• Derecho al trabajo
• Derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo
• Derechos sindicales
• Derecho a la seguridad social
• Derecho a la protección y asistencia a la familia con énfasis en derechos de la infancia
• Derecho a la protección y asistencia a la familia con énfasis en protección a la maternidad
• Derecho a la alimentación
• Derecho a la vivienda
• Derecho a la salud
• Derecho a un medio ambiente sano
• Derecho a la educación
• Derechos culturales

Miembros de HIC en México y la oficina regional HIC-AL han tenido una importante participación en este proceso, particularmente en la elaboración del capítulo específico sobre situación del derecho a la vivienda así como en diversos materiales incluidos sobre el caso de La Parota.

En el apartado sobre vivienda se incluyen informaciones, análisis y recomendaciones sobre varios asuntos, destacando:
- la relación entre legislación internacional y legislación mexicana;
- los derechos humanos y el derecho a la vivienda en México;
- el marco jurídico vigente;
- el sistema financiero;
- la política pública en materia de vivienda;
- el presupuesto 2004;
- los Organismos Nacionales de Vivienda (ONAVIS);
- los desalojos forzosos;
- el Programa Hábitat de la SEDESOL;
- el seguimiento a las recomendaciones del Comité de DESC y del Relator Especial.

Una de las conclusiones fundamentales ahí expresadas es que la vivienda es considerada en los planes del gobierno mexicano como una mercancía (más que como un derecho) sujeta a los vaivenes del mercado (más que a una política de Estado) y su producción, por ende, como una industria; por lo tanto el acceso a ella queda restringido prácticamente sólo a los que pueden pagarla.

Sobre el caso del proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica La Parota se realizó un amplio estudio en el cual se resaltan las graves violaciones a distintos derechos humanos en que ha incurrido y/o incurrirá el gobierno federal, estatal y la Comisión Federal de Electricidad, entidad encargada de llevar a cabo el proyecto.

La construcción de la presa “La Parota??? ha sido rechazada por un amplio grupo de comuneros y ejidatarios de la zona, quienes consideran que este proyecto no representa para ellos una opción de desarrollo sustentable sino una amenaza para la vida comunitaria dado su alto costo ecológico, social y económico; sin embargo los gobiernos municipal, estatal y federal han ignorado sus opiniones, y desarrollado una estrategia autoritaria y antidemocrática para imponer este proyecto a toda costa, caracterizada por: a) el ofrecimiento engañoso de obras, servicios y proyectos productivos, así como la compra de votos, que han dividido y enfrentado a las familias y comunidades rompiendo el tejido social; b) la falta de información oportuna, veraz, objetiva y de consulta adecuada a quienes serán afectados por las obras violando sus derechos fundamentales a la información y participación en proyectos que les afectan directamente; c) la convocatoria y realización de asambleas comunales violando la ley agraria y el Estado de derecho; d) la utilización desproporcionada de los cuerpos de seguridad pública en la vigilancia de dichas asambleas; e) la criminalización de quienes se han opuesto al proyecto a través de la liberación de órdenes de aprehensión y sometimiento a proceso judicial de los líderes opositores por supuestos delitos nunca comprobados y; f) las amenazas de muerte que han recibido algunos de los opositores al proyecto.

Al imponer este proyecto sin haber obtenido su aceptación pública - violando la normatividad nacional e internacional en materia de derecho a la información, participación y consulta y vulnerado los derechos a la vida, integridad y seguridad personales de la población afectada - el gobierno mexicano está incumpliendo con su obligación internacional de respetar el derecho a la libre determinación de los afectados, negándoles su derecho a decidir sobre su desarrollo económico, social y cultural.

Además, de realizarse la presa, se afectaría la vida cotidiana y los ingresos de miles de personas, ya que en esta región son numerosas las familias de comuneros, ejidatarios y pobladores que viven de lo que cultivan (maíz, jamaica, papaya, melón, limón, entre otros productos agrícolas) así como de la cría de animales. Además, traería graves impactos ambientales, en particular causará daños irreversibles al ecosistema y la extinción de una especie endémica (la rana paraguayo), así como posibles daños a la salud pública como ha ocurrido en el caso de otras represas. Todo ello representa graves violaciones potenciales a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los comuneros –consagrados en el PIDESC y otros instrumentos internacionales ratificados por México- como son el derecho a la vivienda, a la salud, al trabajo, a la alimentación, al medio ambiente sano y protegido, al desarrollo sustentable, entre otros.