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El Tribunal Unitario Agrario (TUA) del distrito 41 resolvió a favor de los comuneros integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) el juicio de nulidad con el que queda sin validez la asamblea organizada por el gobierno del estado el pasado 28 de abril del 2010 en la comunidad de La Concepción en la que se daba por aprobada la expropiación de mil 383 hectáreas a favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para iniciar la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota.

El vocero de los opositores Marco Antonio Suástegui Muñóz dijo que con dicha resolución "hemos ganado la quinta batalla y casi la guerra", la cual esperan ganar definitivamente con ayuda del gobernador, Ángel Aguirre Rivero quien consideró que será aliado de los campesinos después de la visita que haga a los Bienes Comunales de Cacahuatepec el próximo 7 de mayo.

Ver nota completa http://www.suracapulco.com.mx/principal1.php

Por su parte redes de derechos humanos nacionales e internacionales saludaron la anulación de la asamblea agraria a través de la cual se pretendía imponer el proyecto hidroeléctrico "La Parota" y con argumentos basados en el derecho internacional de los derechos humanos, instan al gobierno federal y local a poner PUNTO FINAL al proyecto.

A continuación reproducimos el boletín de prensa emitido por estas organizaciones:

En el mes de noviembre de 2010, las organizaciones y redes nacionales e internacionales abajo firmantes elaboramos, suscribimos y enviamos al magistrado que estaba conociendo el juicio agrario de nulidad 360/2010, un amicus curiae (institución a través de la cual terceros ajenos al litigio presentan una opinión ante un tribunal con el fin de ofrecer información calificada sobre la materia controvertida) en respaldo de los derechos humanos, y especialmente del derecho a la participación y consulta y del derecho a la tierra y territorio de los pueblos amenazados por el proyecto hidroeléctrico "La Parota".

En el documento, haciendo puntual referencia a los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados y ratificados por México, se demostró de manera contundente que al querer imponer el proyecto hidroeléctrico desde 2002, el Estado mexicano estaba incurriendo en un sinnúmero de violaciones en materia de derechos humanos, la mayoría de las cuales han sido condenadas por distintos órganos de las Naciones Unidas. Nos complace por lo tanto que los argumentos vertidos en el amicus contribuyeran a que el Tribunal Unitario Agrario n. 41, con sede en Acapulco, emitiera una sentencia mediante la cual se anulara la asamblea agraria realizada el 28 de abril de 2010 con la cual se pretendía imponer la construcción del proyecto hidroeléctrico. Instamos ahora a las autoridades competentes, y especialmente al Gobierno del Estado, a respetar la sentencia y la voluntad de los pobladores de la zona quienes, en una consulta que se llevó a cabo en el mes de agosto de 2007, expresaron su rechazo al proyecto.

Sobre este último punto resulta relevante subrayar que el artículo 16.2 del Convenio n. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México en 1990, establece que el consentimiento de las comunidades es un requisito sin el cual no se puede llevar a cabo un proyecto que implique el traslado o la reubicación de la población, lo que corresponde a un derecho de veto de los pueblos que podrían ser víctimas de un desalojo. Derecho de veto que, como anticipamos, fue ejercido por los pueblos en la consulta de agosto de 2007.

Hay que recordar además que ya son cinco los juicios que se han resuelto a favor de los comuneros y ejidatarios quienes, recurriendo al marco legal nacional e internacional, se oponen a ser desalojados de sus tierras en nombre de un proyecto cuyo beneficio y viabilidad social, legal y ambiental, ha sido ampliamente cuestionado y demostrados.

Considerado todo lo anterior, las organizaciones abajo firmantes nos pronunciamos para que el proyecto sea definitivamente cancelado.

Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC) conformado por 16 organizaciones: Casa y Ciudad de Coalición Hábitat México, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROSOC), Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) de Fomento Cultural y Educativo, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Consultoría Especializada en Justiciabilidad de los DESC (CEJUDESC), DECA Equipo Pueblo, Defensoría del Derecho a la Salud - Chiapas, FIAN Sección México, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) -Guadalajara, Instituto Mexicano Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Liga Mexicana de Defensa de Derechos Humanos (LIMEDDH), Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional del Hábitat, RADAR-Colectivo de estudios Alternativos en Derecho.

Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente (EDLC)

FIAN Internacional- FoodFirst Information and Action network

Habitat International Coalition (HIC)

Secretaría de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC)1

Datos de contacto: Laura Salas, celular: 044 55 13 41 98 49; correo: laura.salas.s@gmail.com

1 El Espacio DESC es un colectivo de 16 organizaciones de derechos humanos y de promoción del desarrollo con una trayectoria amplia en la promoción y defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en México, que trabaja articuladamente desde 1998. El EDLC es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, con sede en la ciudad de Bozeman, Estado de Montana, en los Estados Unidos. Trabaja por la protección de los derechos humanos de personas y comunidades en países en vías de desarrollo que luchan contra el daño a su medio ambientewww.edlc.org/es. HIC, inició sus actividades en 1978 y constituye una red internacional independiente y sin fines de lucro. Hoy está conformada por unas 400 organizaciones sociales, técnicas, académicos, institutos de investigación y capacitación así como activistas en derechos humanos que trabajan en el campo del hábitat en 118 países de todo el mundo. Con status consultivo frente a la ONU, trabaja en la definición, promoción, defensa y concreción del derecho a la vivienda adecuada a nivel internacional. Su Secretariado General se encuentra en Santiago de Chile (www.hic-net.org). FIAN es una organización internacional que trabaja por el derecho humano a la alimentación adecuada, tiene estatus consultivo ante la ONU y fue fundada en 1986. Tiene su Secretariado Internacional en Heidelberg, Alemania, y secciones en 20 países del mundo (www.fian.org). La Red-DESC es una iniciativa de cooperación de grupos y personas de todo el mundo que trabajan por asegurar la justicia económica y social por medio de los derechos humanos. Su Secretaría tiene sede en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos (http://www.escr-net.org/index.htm?attribLang_id=13441).

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Gobernador de Guerrero se reúne con opositores a La Parota y se compromete a poner punto final al proyecto