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"La Voz de la Chimba es una publicación de Ciudad Viva, Centro de Urbanismo Ciudadano, que trabaja para lograr ciudades más justas, sostenibles e inclusivas", así lo indica la protada del documento. El presente número 41 - noviembre 2017, incluye experiencias en torno a los temas de defensa del patrimonio, "que son tan amplios como la diversidad de nuestras comunidades, barrios, ciudades y territorio", como señala María Elena Ducci, presidenta de la organización.

A continuación reproducimos el texto "Dudas y certezas sobre la gestión del Patrimonio", del editor de la revista Jerónimo Bouza:

Quizás pueda parecer pretencioso dedicar un dosier de La Voz de la Chimba a un tema tan amplio y con tantas derivaciones como el Patrimonio Cultural. Y, sin embargo, no hemos querido renunciar a plantear algunas discusiones y experiencias significativas que puedan ayudarnos a orientar nuestras propias reflexiones y estrategias para la defensa del Patrimonio.

Ayudarnos, ¿cómo? Primero, acercándonos a argumentos, técnicas y herramientas que arrojen luz sobre nuestros problemas y circunstancias concretas. Segundo, mostrando que, en esta tarea de luchar por la preservación de aquello que fundamenta nuestra cultura y nuestra humanidad, no caminamos solos.

En la sociedad actual, en eso que muchos reconocen como “el sistema”, la lógica del beneficio y la rentabilidad -cuanto más grande y más inmediata, tanto mejor- rige todos los ámbitos de la vida colectiva. Es tan grande la avidez de poseer, que ni siquiera los principios éticos o los valores culturales se libran de ser tasados y apropiados. Y así vemos cómo conceptos que han costado tanta sangre como el de libertad, se reducen a un cascarón que hay que rellenar con objetos de consumo cuya elección se encarga de inducir convenientemente la publicidad; o cómo algo tan relevante como aquellos elementos que interpretan simbólicamente los valores profundos de una comunidad, creen necesario “ponerlos en valor” para satisfacer el consumo -y las ganancias- del negocio del ocio.

Pero, dicho esto, este dosier no quiere ser un lamento por lo que hemos perdido, sino una señal de vitalidad y una muestra de los innumerables caminos que podemos recorrer en defensa de nuestra identidad como pueblo. Cierto que hemos perdido y seguiremos perdiendo, pero es que tenemos que hacernos cargo de que esta lucha no se acabará nunca, porque siempre habrá gentes que solo sienten arraigo por sus utilidades y por el -pequeño o grande- trozo de tierra de su propiedad privada.

No podemos ignorar que el desarrollo económico -industrial, inmobiliario, energético, forestal, minero, turístico- es objetivamente una amenaza para la preservación del Patrimonio cuando no existe una regulación clara y suficiente. Una legislación que no esté orientada a mitigar, sino a no agredir, porque siempre es menos costosa y menos dolorosa la prevención que los cuidados paliativos.

Sobre todas estas amenazas se ha trabajado mucho, se han estudiado y analizado, y son bien conocidas las estrategias utilizadas para convertirlas de hipotéticos peligros en conflictos reales. En este dosier -y en el del número anterior dedicado a los impactos del turismo- pueden encontrarse varios ejemplos de ello. Y también de un tipo de peligro cada vez más presente y más dañino: los llamados “eventos masivos”.

Durante estos días, y desde hace unas semanas, se está desarrollando una modesta pero intensa movilización ciudadana como consecuencia de la carrera de autos que se realizará en el entorno del Parque Forestal; dos artículos de esta revista ya se ocupan del tema y exponen el grave riesgo a que está sometido un parque histórico patrimonial. Pero no podemos dejar de resaltar la perplejidad de muchos ciudadanos ante la actitud del Consejo de Monumentos Nacionales, el organismo encargado de velar por la preservación del Patrimonio de todos los ciudadanos. El Parque Forestal fue declarado Zona Típica -máxima calificación para conjuntos- y el evento programado es una enorme agresión a un patrimonio de una gran fragilidad con un evidente déficit de gestión. La autorización concedida, por mucho que prometan mitigar los daños que se dan por supuestos, nos parece una evidente dejación de responsabilidades por parte del CNM, y un acto de debilidad ante ciertas presiones.

La complejidad técnica para la conservación de ciertos elementos o las dificultades para elaborar una normativa que recoja el mayor número de situaciones suelen ser argumentos para justificar la no protección de elementos patrimoniales. Pero ni una ni otra son causas reales. La complejidad técnica puede ser superada por los profesionales especializados, a los que, evidentemente, hay que pagar por ello. Lo que se necesita son recursos. Y en cuanto a la normativa, aunque claramente debe existir una norma básica clara, sus posibles carencias se suplen sin dificultad con criterio y voluntad de hacer bien las cosas. Y nadie mejor que los ciudadanos que han integrado en su cotidianeidad la presencia -en su sentido más profundo- de los valores patrimoniales puede aportar certero criterio sobre aquello que debe preservarse.

Lo único, pues, que no puede suplirse es la existencia de una ciudadanía crítica, activa y consciente, capaz de crear un estado de opinión ante las agresiones al patrimonio. Podríamos resumir todo este necesario proceso para la protección del patrimonio con tan solo tres palabras: regulación, criterio y movilización.