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Plataforma mexicana por el Derecho a la ciudad y en defensa del territorio

Habitat International Coalition - oficina para América Latina (HIC-AL), Cooperación Comunitaria, Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática (MUP-CND), Unión Popular Valle Gómez AC, 06600 Plataforma y Observatorio Vecinal de la Colonia Juárez, Hábitat para la Humanidad México AC, Centro operacional de vivienda y poblamiento (Copevi).

Por años, los movimientos sociales, la sociedad civil y los/as vecino/as organizados/as, hemos venido denunciado los efectos devastadores y los riesgos del modelo de desarrollo urbano y rural actual, que estimula la especulación, la exclusión social, pérdida de bienes ambientales y la acumulación privada por sobre el interés colectivo. Pero no nos hemos limitado a ello sino que hemos hecho propuestas además de ponerlas en práctica. Muchas iniciativas se han entonces desarrollado alrededor de la producción social del hábitat (PSH) como alternativa al modelo de producción de espacio mercantilista. En el marco del Día Mundial del Hábitat o Día mundial de lxs Sin Techo —conmemorado el primer lunes de octubre desde 1986—, seguimos lamentando la ausencia o la poca contundencia de políticas, marcos legales y herramientas financieras que reconozcan y  faciliten la PSH, esto es, las formas no lucrativas de producir vivienda desde y para los habitantes organizados tanto en el campo y como en la ciudad. Este reclamo histórico, que hoy se expresa en diversas ciudades de América Latina, toma la forma de un grito desesperado en el contexto de la reconstrucción post sísmica que vivimos en México.

Los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre de 2017 han dejado 460 víctimas mortales y miles de personas damnificadas, tanto en la capital del país, como en los Estados de Morelos, Puebla, México, Oaxaca y Guerrero; además de que aún hay personas desaparecidas. La magnitud de los daños materiales apenas comienza a revelarse: tan sólo en Oaxaca y Chiapas, unos 110 mil inmuebles resultaron dañados. En la Ciudad de México, colapsaron 38 edificios mayores y, aunque no hay datos contundentes, sabemos que miles de viviendas quedaron afectadas.

Amplias zonas de la capital del país, ciudad-mercancía por excelencia- están hoy en ruinas. Si bien los desastres sísmicos son mecanismos complejos, no podemos dejar de ver que  lo que tenemos en frente es una ciudad que ha olvidado su pasado y su esencia; desconoce a quienes la construyeron partiendo de la organización social y de la necesidad de solucionar demandas ancladas en derechos humanos; que expulsa y desaloja a la población empobrecida para dar cabida casi únicamente a clases sociales que pueden pagar por la centralidad; que arrasa con el medio ambiente, con los barrios originarios y los espacios públicos; ciudad que para prosperar necesita de la corrupción de los poderes públicos y del capital corporativo nacional y transnacional; que en lugar de enfocarse a alternativas sociales para satisfacer el derecho a una vivienda adecuada, a mejorar y hacer más seguros sus barrios históricos y populares, a hacer efectivo el derecho a la ciudad, es entregada al negocio inmobiliario mediante el “truco” que consiste en ocultar los riesgos inherentes a la geografía del Valle de México para venderla al mejor postor.

Ante esta situación, expresamos las siguientes demandas y propuestas a desarrollarse antes, durante y después de la reconstrucción, dirigidas a:

• Desarrollar peritajes de los predios colapsados y/o que presenten daños, que permitan fincar las responsabilidades de los constructores y reparar los daños sufridos por las personas afectadas;

• Contar con dictámenes de riesgo de dichos predios, tanto públicos como privados;

• Realizar un Observatorio Social de la Reconstrucción, que compile todos los datos del nivel de daños de los edificios y/o casas habitación y de un seguimiento de las intervenciones que se llevaron a cabo para hacerlas habitables;

• Garantizar la permanencia y seguridad de los/as habitantes, actualizando y haciendo público el Atlas de riesgo de la CDMX;

• Respetar el arraigo de los pobladores que perdieron sus viviendas favoreciendo en la medida de lo posible, su permanencia en las zonas en las que vivían sin que la catástrofe sea excusa para perpetuar nuevos desalojos;

• Contar con un registro oficial fidedigno de personas desaparecidas y no permitir la entrada de la maquinaria en tanto éste no exista y en tanto no haya una estrategia de búsqueda, comunicación y entrega de los restos a los familiares;

• Recuperar las experiencias positivas que se concretaron después del temblor de 1985 en cuanto a participación ciudadana y permanencia de la población más necesitada a través de diferentes medios, incluyendo la expropiación por causa de utilidad pública;

• Reconstruir respetando los derechos humanos y con perspectiva social (producción social del hábitat)  en lugar de seguir permitiendo nuevos edificios y nuevas ganancias que vuelvan a enriquecer a los mismos actores que hoy son responsable del colapso de edificios y viviendas, lo que implica declarar una moratoria urbana;

• Impulsar un fondo multiactor -en lugar del fideicomiso privado planteado por el gobierno-en el que participen las personas afectadas, la sociedad civil y la academia, mediante el cual se gestionen los fondos de la reconstrucción de forma transparente evitando clientelismos y corrupción;

• Respetar la seguridad de tenencia de la población afectada incluso los que tengan únicamente derechos de posesión. Lo anterior implica favorecer la recuperación de documentos que se hayan perdido, instrumentar medidas flexibles en ausencia de documentación e incluso de títulos de propiedad, y velar por los derechos de los inquilinos a través de programas que consideren sus necesidades reales en cuanto a la reconstrucción o a la búsqueda de soluciones alternativas;

• Asegurar que  en los procesos tendientes a la recuperación y reconstrucción de predios dañados participe la población afectada y que estos sean comprendidos en su carácter integral y con sentido humano, social, económico, ambiental y cultural, y no se centren en la mera reconstrucción de la infraestructura física;

• Asegurar que los fondos del FONDEN se transparenten y sean manejados directamente por los pobladores afectados permitiendo que la reconstrucción se haga también por producción social del hábitat, modalidad reconocida por la Ley de Vivienda;

• Respetar y tomar en cuenta las técnicas constructivas ancestrales, y los materiales locales,como el adobe, pues son un testimonio excepcional que nos permite continuar estudiando el comportamiento del material para mejorar su resistencia, a la vez que significan un patrimonio cultural con valor cultural, paisajístico y ecológico.

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