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Un total de 160 organizaciones dominicanas reclamaron hoy al Parlamento que no ratifique el Tratado de Libre Comercio (TLC) en las condiciones planteadas, debido a que tendría efectos devastadores en la economía. 

El libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica, advirtieron, causaría la quiebra de muchas empresas agrícolas e implicaría el aumento de impuestos a la población. 

Comprometería también el 34 por ciento de los ingresos tributarios al Estado y fomentaría la inseguridad alimentaria, al transformar el régimen de importaciones agropecuarias con una previsible dependencia de los productos alimenticios del exterior. 

"El TLC respecto a República Dominicana fue negociado improvisadamente, en sólo tres rondas, de un acuerdo que impactaría el país en los próximos 50 años, obligando al proceso de privatización de las empresas públicas", agregan. 

"El acuerdo disminuye la capacidad del Estado para enfrentar la deuda social acumulada y produce una liberalización total de las importaciones desde Estados Unidos en un plazo no mayor de 19 años, a partir de su entrada en vigencia" precisa el texto.

Agrega que "el impacto altamente negativo del Tratado sobre la producción agrícola es aceptado hasta por quienes lo defienden y supondría un cambio económico difícil de revertir que haría más vulnerable la economía del país". 

Entre sus consecuencias apunta "el incremento de la economía informal, el desplazamiento de las micro y pequeñas empresas, en las que hoy las mujeres constituyen el 60 por ciento, y aumento del flujo migratorio hacia las ciudades y el exterior". 

Advierte igualmente que, en el aspecto de la salud, se restringirían los medicamentos esenciales a los enfermos de padecimientos crónicos y catastróficos, como el Sida, y se afectaría el desarrollo de la industria farmacéutica nacional.

La conversión en ley del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) por el Congreso estadounidense provocó optimismo en el sector oficial, pero pesimismo en las organizaciones populares. 

Tras conocerse la noticia, el vicepresidente Rafael Albuquerque consideró que la bancada mayoritaria del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en el Congreso debe anteponer el interés nacional y aprobar el tratado. 

El coordinador del Diálogo Nacional, monseñor Agripino Núñez Collado, confía en que el presidente Leonel Fernández podrá introducir la reforma fiscal al Congreso al inicio de la próxima legislatura. 

En la región norte de República Dominicana 15 organizaciones anunciaron el inicio de una jornada de protestas, un encuentro regional en Santiago y una marcha en rechazo al acuerdo el próximo 3 de agosto. 

Los legisladores dominicanos han dicho lo ratificarán después que el Gobierno apruebe medidas compensatorias a favor de los productores nacionales, las cuales deberán entrar en vigor conjuntamente con el acuerdo comercial. 

Según cálculos oficiales, el TLC implicaría un impacto fiscal de unos dos mil 200 millones de pesos (78,5 millones de dólares) para República Dominicana en los primeros dos años de vigencia, debido a la reducción de aranceles de los productos importados.