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Boletín COMDA

Este domingo 8 de diciembre se dio a conocer el dictamen de Reforma Energética realizado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos del Senado. Este dictamen, que ha sido turnado al Pleno, es preocupante, no solo porque abre completamente un sector estratégico como el petrolero al sector privado, sino porque pone en riesgo el agua, salud y el bienestar de las y los mexicanos.

Esto se debe a la apuesta que esta Reforma hace a la explotación del gas de lutitas (shale), a través de la fractura hidráulica o fracking, entre otros hidrocarburos no convencionales, como medida para hacer frente a la caída en la producción de hidrocarburos. Como señalamos en nuestro boletín anterior, el fracking consiste en la fractura de roca de lutita en la que se encuentran atrapados los hidrocarburos, a profundidades de entre 1 y 5 kilómetros, mediante la inyección a alta presión de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas, muchas de ellas de alta toxicidad. Para la perforación de un solo pozo se requieren entre 9 y 29 millones de litros de agua, la cual se contamina irremediablemente con estas sustancias y los materiales presentes en el subsuelo.

Debido a la complejidad de la extracción del gas natural y otros hidrocarburos en los yacimientos de lutitas se requiere abrir cientos de pozos en una región, lo que genera competencia por el agua con el uso humano y otras actividades económicas. Por este motivo, el fracking pone en riesgo el acceso y pleno disfrute de los derechos humanos de la población, especialmente a la salud, al agua y al saneamiento, a la alimentación adecuada, a la vivienda y al medio ambiente sano, consagrados todos en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Octavo Transitorio considera a la exploración y extracción de hidrocarburos como de interés social y orden público y les da preferencia sobre cualquier otra actividad en la superficie y el subsuelo. Esto significa que se considera más importante extraer hidrocarburos que la agricultura, la ganadería, el turismo, e incluso el uso del agua subterraánea para el consumo humano. Es decir, que se expeditarán los cambios de uso de suelo en favor de esta actividad donde la industria dicte, con los riesgos que ello supone para los derechos humanos. En Estados Unidos, esta práctica incluso se está desarrollando en centros de población, no solamente en sitios de baja densidad poblacional.

Además el transitorio aclara: “la Ley preverá, cuando ello fuere técnicamente posible, mecanismos para facilitar la coexistencia de estas actividades con otras que realicen el Estado o los particulares”. Es relevante considerar que la contaminación que genera el fracking lo hace incompatible con otras actividades económicas. ¿Quién consumirá productos agrícolas o ganaderos que estén contaminados y puedan generar potenciales daños a la salud?

De aprobarse el dictamen como se propone, el Transitorio Décimo Octavo indica que en un plazo de un año, el ejecutivo: “deberá incluir en el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, una estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios”. Es importante destacar que el gas de lutitas no es un combustible limpio dados sus fuertes impactos sociales y ambientales y sus importantes emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Además la inversión en el desarrollo de este tipo de gas desvía esfuerzos y recursos que podrían ser utilizados para acelerar la transición energética hacia energías renovables. Un ejemplo de ello es que los 30,000 millones de pesos que Pemex calcula que invertirá de 2012 a 2016 para exploración y evaluación de prospectividad, serían suficientes para desarrollar una capacidad instalada renovable del 35% en 2018.

Una reforma energética que verdaderamente sirva a México y su población, debe poner en marcha los mecanismos públicos para reducir la extracción y dependencia de los combustibles fósiles, diversificar la matriz energética, acelerar la transición energética dando prioridad a fuentes limpias, renovables y sostenibles de energía. Para ello, no es necesario llevar a cabo una reforma constitucional que abra el sector petrolero a la inicitiva privada. Por todas estas razones, en la Alianza Mexicana contra el Fracking exigimos la prohibición total de este proceso altamente peligroso.

Coincidiendo con el día internacional de los derechos humanos que se celebra hoy, hacemos un enérgico llamado al Poder Legislativo a que en el marco de la Reforma, cumpla con sus obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, tal y como lo mandata la Constitución en su artículo 1°. La política energética debe ser congruente con la garantía de los derechos humanos.

Para más información sobre el gas shale y la Alianza Mexicana Contra el Fracking, favor de contactar:

- Claudia Campero, Blue Planet Project y Food & Water Watch. E-mail: claucampero@yahoo.com. Teléfono: 55 3015 6366

-Nathalie Seguin, Red de Acción por el Agua México - FANMex. E-mail: fanmexnathalie@gmail.com. Teléfono: 55 1128 8747

- Beatriz Olivera. E-mail: beatrix.olivera@gmail.com. Teléfono: 55 4822 0313

- Aroa de la Fuente, Fundar Centro de Análisis e Investigación. E-mail: aroa@fundar.org.mx. Teléfono: 5554 3001 Ext. 118