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Fotografía: peru21.pe

Un día antes del último paro regional convocado en Arequipa contra el proyecto Tía María, el gobierno nacional publicó una resolución suprema, autorizando hasta el 24 de junio la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, para el mantenimiento del orden interno en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna. Esta decisión fue motivada por el apoyo de los departamentos del sur a la protesta de los pobladores de Cocachacra, siendo también una advertencia para estas zonas, donde se localizan varios de los principales yacimientos mineros del país y donde bulle el descontento social.

En el sur no se necesita un Pepe Julio que amenace con incendiar Troya negociando protestas legítimas con el empresariado minero. Esta protesta ha demostrado que existe una masa que reprocha la imposición de un proyecto minero y el olvido gubernamental de sus localidades. Sin embargo, el lado peligroso del asunto es que el movimiento social no tiene una conducción política clara, tal cual se ha evidenciado durante el primer paro, en especial en Arequipa, donde se vio a pequeños grupos de personas desplegados por toda la ciudad, dispuestos a tirar piedras a mansalva. La desarticulación del movimiento fue notoria pues ni los «líderes sociales» que comprometieron a los suyos a la paralización, ni las autoridades locales, pudieron controlar el desborde. Por ello, ante su error de lectura del contexto social, el gobierno nacional tomó la peor decisión: militarizar el sur.

La desconfianza no sólo es un problema comunicacional, como cree Southern Peru, que el fin de semana presentó en diferentes medios de comunicación su centro de información, sino de credenciales.  Y la licencia social no se impone a la fuerza, como trata de hacer el gobierno, que se ha cerrado contra la posibilidad de que un tercero analice el estudio de impacto ambiental; tampoco lo logrará amedrentando a las autoridades subnacionales, sino trabajando con ellos como sus aliados, articulando los distintos niveles del Estado.

El conflicto de Tía María está dando lecciones al gobierno, el empresariado y a la clase política, y es muy importante aprender de ellas, especialmente la necesidad de actuar a tiempo para evitar la crisis, pues eso puede volver a ocurrir en Puno y Apurímac, donde se está caldeando el ambiente (en Arequipa todavía estamos en tensa calma).

Este es, por ejemplo, el caso en la Cuenca del Ramis, (Puno), donde se viene una paralización, en protesta por  el retraso del gobierno nacional en los proyectos de remediación de los estragos causados por la minería informal. Apurímac, según la Defensoría del Pueblo, es el departamento con mayores conflictos de tipo socioambiental vinculados a la explotación minera. En Cocachacra hay una calma superficial, porque el conflicto ha quedado en pausa con el estado de emergencia, con protestantes sin líderes visibles que tomen la posta dejada por los líderes cuestionados, y sin muchas posibilidades de desarrollar un real proceso de concertación en el sentido que espera el gobierno nacional y la empresa, es decir, la continuación del proyecto. Todo ello es, en último término, consecuencia de las acciones de la empresa y del mismo gobierno, no sólo ante el desencadenamiento de la reciente huelga en el valle de Tambo, sino también, por la forma en que condujeron el proceso de presentación del EIA en la zona hace dos años.

Sin embargo, y tratando de convertir esta crisis en una oportunidad, la situación abre la posibilidad para que distintos actores políticos y sociales puedan poner en discusión elementos clave para soluciones de fondo y de largo aliento: La gobernanza de las industrias extractivas, la política de gestión de conflictos, la formación de liderazgos, la crisis de los partidos, así como la sostenibilidad del modelo económico vigente. Antes que salidas coyunturales y referidas a un caso específico, el país necesita tener alternativas que enfrenten el problema desde sus raíces.