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Durante la jornada del pasado 23 de mayo un fuerte contingente de
policías y agentes antimotines llevó a cabo un desalojo violento contra
miembros de las comunidades lencas en San Antonio Chuchuitepeque, departamento
de Santa Bárbara, haciendo uso de bombas lacrimógenas, disparando balas vivas,
y dejando un saldo de varios heridos y no menos de cinco personas detenidas.

Según el Consejo
cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras, Copinh, la
población originaria de la zona, que cuenta con títulos ancestrales de los
siglos XVII y XIX, decidió recuperar su derecho de posesión y propiedad sobre
las tierras cercanas al río Ulúa, que fueron invadidas y usurpadas por la
Corporación Municipal de San Francisco de Ojuera.

"Llegaron como
un centenar entre policías y agentes antimotines y comenzaron a desalojarnos
con gases lacrimógenos y balas. Nos desalojaron dos veces y fue un ataque muy
violento que dejó un saldo de varios heridos y detenidos, entre ellos los
compañeros y compañeras Manuel Bardales, Gonzalo Muñoz, Leonarda Cruz, Gustavo
Adolfo Barahona e Isaias Hernández Garcías", explicó a la LINyM, Bertha
Cáceres, coordinadora del Copinh.

La dirigente
indígena dijo que uno de los afluentes más importantes del río Ulúa es justamente
el río Gualcarque, en la zona de Río Blanco, donde desde hace casi 50 días las
comunidades lencas de la zona protestan contra el proyecto hidroeléctrico
"Agua Zarca", impulsado por la empresa de capital hondureño
Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V. (DESA), y realizado, entre otros, con
fondos del BCIE (Banco Interamericano de Integración Económica) por 24.4
millones de dólares.

Pese al desalojo
perpetrado hace unas semanas contra la población indígena lenca, la protesta
contra la invasión de territorios, la explotación de los recursos naturales y
la ejecución de proyectos sin consulta previa con las poblaciones locales,
continúa con fuerza en la zona de Río Blanco.

"Hay un claro
contubernio y complicidad del alcalde de San Francisco de Ojuera con las
empresas privadas que tienen los ojos puestos en nuestros territorios. Su
servilismo es total y ha aprovechado la orden del tribunal, que no ha tomado en
cuenta los títulos ancestrales de las comunidades, para proceder con este
desalojo", aseveró Cáceres.

Cáceres hizo un
llamado a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a
mantenerse en alerta ante un posible recrudecimiento de la violencia y la
represión.

"Hay mucha
tensión y preocupación entre la gente y estamos presionando para que dejen en
libertad a los compañeros detenidos. La represión ha sido brutal y desde ya
responsabilizamos a las autoridades locales y los tres poderes del Estado por
lo que pueda ocurrir en las próximas horas", concluyó la dirigente
indígena.