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El 11 de agosto del 2016, el nombre de Nankintz se convirtió en tendencia en los medios de comunicación. Antes de eso, pocas personas en Ecuador habían escuchado hablar de esta comunidad shuar ubicada en la parroquia Panantza, en la provincia amazónica de Morona Santiago, al sur del país.

Ese día, ocho familias —las últimas que resistían a la instalación del campamento minero “La Esperanza”, perteneciente a la empresa china ExplorCobres S.A. (EXSA)— fueron desalojadas de manera violenta. Las fuerzas policiales y militares destruyeron las viviendas y los cultivos de las familias asentadas en Nankintz, no por ello las comunidades shuar aledañas se resignaron a perder este territorio.

El 21 y 22 de noviembre, indígenas shuar retomaron las tierras que habían decidido defender de la explotación minera cuando se fundó Nankintz en el 2006, luego de que también expulsaran a la antigua propietaria de esta concesión, la canadiense Corriente Resources Inc., dueña de ExplorCobres en ese entonces.

La República Popular de China protestó ante el gobierno nacional y el 14 de diciembre se dio un nuevo enfrentamiento para desalojar a los comuneros; esta vez murió un policía, hubo siete heridos en las fuerzas gubernamentales y dos entre los indígenas shuar.

Lejos de proponer una solución adecuada al conflicto de Nankints, el gobierno respondió con la imposición de un Estado de Excepción en la provincia de Morona Santiago, con el cual se limitan derechos como el de libre reunión y libre movilización. Simultáneamente, el Ministerio del Interior activó un programa de recompensas, de hasta US$50,000, para quien dé información sobre los responsables de los hechos del 14 de diciembre.

El Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam deslindó su responsabilidad sobre la muerte del policía: “Nos han culpado de la tragedia del compañero policía asesinado, pero nosotros no hemos dado ninguna orden de matar a nadie (…) ninguno de nuestra tierra es francotirador ni posee armas que perforen cascos de ese tipo”, aseguraron en un comunicado haciendo referencia a la bala de fusil que perforó el casco del policía.

El Estado de Excepción permitió una movilización militar que sólo tiene precedentes en la guerra del Cenepa, en 1995, cuando los indígenas ahora perseguidos fueron considerados héroes por defender la Cordillera del Cóndor durante el conflicto bélico que mantuvo Ecuador con Perú. Los héroes de antaño ahora han sido sitiados en sus comunidades, se impide el ingreso de periodistas o de líderes indígenas nacionales; los senderos están controlados por militares y las comunidades viven en permanente zozobra frente a los sobrevuelos de helicópteros.

Un poco de historia

La historia minera en el sur amazónico es una historia de despojos de los territorios ancestrales de la nacionalidad shuar. Primero con un proceso de colonización apoyado por el desaparecido Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) desde la década de 1960, que asignó tierras a colonos y órdenes religiosas sin considerar la existencia de comunidades shuar consolidadas y otros grupos shuar dispersos que vivían en este territorio. La conformación de la actual parroquia de Panantza, el 30 de junio de 1992, también se dio para legitimar la presencia colonizadora, sin reunir los requisitos necesarios y sin considerar los derechos de las comunidades shuar.

Las tierras en manos de colonos se convirtieron en mercancía y pasaron de mano en mano hasta que Julio Alvarado y su esposa, con información privilegiada o actuando de testaferro de la empresa minera, empezó a comprar las tierras y acapararlas, para luego trasladarlas a EXSA.

“Cuando los colonos llegaron a esta tierra, les recibimos bien, porque sabíamos que eran gente pobre y esforzada que buscaba una oportunidad en sus vidas; pero, de un día a otro, grandes extensiones de tierras ya no nos pertenecían ya que habían sido escrituradas a nombre de personas que inclusive jamás conocimos”, afirma el Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam, en un comunicado que hicieron circular desde la clandestinidad, el pasado 4 de enero.

“El territorio indígena corresponde al uso y posesión ancestral que el pueblo le haya dado y las formalidades creadas con el fin de legitimar el despojo de sus tierras carece de cualquier valor legal”, manifiesta el catedrático David Cordero Heredia, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y miembro de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), y añade que “la posesión y uso equivalen a título, por lo que las tierras en las cuales se desarrolla el proyecto EXSA nunca han dejado de pertenecer a la nacionalidad Shuar.

Criminalización del movimiento social

El conflicto en Nankintz motivó la creación de redes de solidaridad internacional y esta comunidad se posicionó como ejemplo de la resistencia antiminera, no sólo en el país, sino en todos los países donde se implementan megaproyectos mineros violentando los derechos de las comunidades indígenas y campesinas. Para evitar que se siga hablando sobre Nankintz, el gobierno abrió un nuevo frente para desviar la atención: la amenaza del cierre de Acción Ecológica (AE), organización no gubernamental ecuatoriana con más de 30 años dedicada a la defensa del ambiente y los pueblos indígenas.

El 20 de diciembre, el Ministerio del Ambiente notificó a AE sobre el inicio de su disolución por supuestamente “desviarse de los fines para los que fue constituida”. La disolución había sido solicitada el 19 de diciembre por el Ministerio del Interior señalando que la organización había manifestado su respaldo “a las acciones y hechos violentos cumplidos por la comunidad Shuar, realizando afirmaciones sobre los graves impactos ambientales y al ecosistema que resultarían de la actividad extractivista (…), promoviendo la movilización social y el respaldo a dichos enfrentamientos, y en consecuencia, generando en la sociedad ecuatoriana grave afectación y conmoción social”.

Un antecedente similar ya ocurrió en diciembre del 2013, cuando el ministerio del Ambiente disolvió a la Fundación Pachamama, organización defensora del ambiente y los derechos humanos, acusada de “injerencia en políticas públicas y atentar contra la seguridad interna del Estado y la paz pública”. En agosto del 2016, el gobierno ordenó el cierre de la Unión Nacional de Educadores (UNE), el mayor sindicato de docentes del país, fundado en 1944, por incumplir el reglamento de organizaciones sociales. Asimismo, Correa amenazó con disolver la Fundación Andina para la Observación Social y Estudio de Medios (Fundamedios) “por formar parte de un plan para desestabilizar a su gobierno”. La misma AE, en el año 2009, fue clausurada durante 10 días por el actual gobierno por las mismas razones que se argumentó ahora.

Como ninguno de los procedimientos de represión dio resultado y la nacionalidad Shuar no se amedrentó ni se traicionó a sí misma, el gobierno buscó desviar la atención de lo que sucede en la provincia de Morona Santiago y aislar a las comunidades indígenas que ahora sufren el embate de los organismos armados estatales. El gobierno creyó que forzando a AE a defenderse a sí misma le restaría sus posibilidades de seguir informando sobre lo que sucede y se frenaría la consolidación de las redes de solidaridad que se estaban formando. El gobierno apostó también a que la amenaza de cierre de AE disuadiría a otras organizaciones a seguir solidarizándose con Nankintz y se impediría el flujo de información.

El objetivo gubernamental se cumplió a medias, pues fundamentalmente logró desviar la atención internacional y así protegió las inversiones chinas de las miradas indiscretas que empezaron a posarse en ellas a propósito de los hechos violentos de Nankintz. Aunque el 12 de enero fue desestimado el pedido de disolución de AE con una resolución favorable para esta organización, volver a captar la atención sobre Nankintz y ponerla nuevamente en la agenda mediática y en las redes de solidaridad va a resultar muy complicado.