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En un tercer intento por despojar de su hogar al señor Salvador Euán Chí, de 90 años, y a su familia, el gobierno de Yucatán dispuso de aproximadamente 200 policías estatales antimotines para llevar a cabo el desalojo en Chablekal –comisaría de la ciudad de Mérida– el pasado 3 de mayo. Como explica Antonio Salgado Borge, en Sin Embargo, "no era la primera vez que esta misma orden se intentaba ejecutar, pero en las dos ocasiones anteriores los pobladores de Chablekal salieron en defensa de don Salvador alegando que este fue despojado de propiedad mediante engaños –aprovechando sus lagunas mentales- y colusión judicial".

A pesar de que alrededor de 300 pobladores acudieron al lugar para intentar evitarlo, los agentes cumplieron con el desalojo, con un evidente uso excesivo de la fuerza, reprimiendo con macanazos y gases lacrímogenos, de acuerdo con testimonios difundidos en diversos medios de comunicación. Además de que fueron detenidos arbitrariamente cinco personas, incluido un menor de edad; así como a los defensores de derechos humanos Martha Capetillo Pasos y Jorge Fernández Mendiburu, integrantes del Equipo Indignación, AC, con sede en Chablekal.

Desde la Coalición Internacional del Hábitat en América Latina, nos sumamos a la Carta pública de organizaciones e instituciones frente a violaciones a derechos humanos en Chablekal, Yucatán, donde se denuncian los siguientes puntos:

• Uso desproporcionado de la fuerza, daños a la integridad personal y detenciones arbitrarias contra pobladores de Chablekal y defensores de derechos humanos.
• Liberación inmediata de los pobladores detenidos y responsabilidad penal para agentes y mandos involucrados en operativo vinculado al desalojo forzado.