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Varias redes internacionales articulan campaña para que las autoridades respeten el derecho a la vivienda de los afectados

Noviembre 2007, Montevideo, Uruguay.

Casi medio millar de familias que habitan el asentamiento "24 de junio" en Montevideo llevaban semanas sufriendo angustia y temor debido a la orden de desalojo que giró un juzgado del poder público, por la que exigía la reintegración del predio a sus dueños originales para el mes de octubre del año en curso.

Luego de un breve aplazamiento de 2 meses concertado entre las partes y que irremediablemente obligaría al desalojo a final de diciembre, las últimas noticias que se compartieron en la Asamblea Vecinal realizada la semana pasada parecen traer cierto alivio y esperanza para las y los pobladores: se descarta la amenaza de desalojo ya que la Intendencia Municipal se compromete a intervenir para darle a los propietarios del terreno otro predio vacío a cambio del primero y llegar a un acuerdo con las familias que habitan actualmente en el asentamiento.
 
Según la información que aportan los vecinos, el asentamiento como tal comenzó el 24 de junio del 2002. Previo a esa fecha varias familias habían comenzado a pagar a una empresa que promovió el terreno como apto para la realización de cooperativas de vivienda ("Proyecto Piri"), las cuales nunca se realizaron y la empresa promotora se retiró con el dinero.

Al recibir la denuncia de esta situación y la amenaza de desalojo, algunas redes internacionales (Amnistía Internacional-Sección Uruguay; el Centro por el Derecho a la Vivienda y Contra los Desalojos -COHRE-; la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo-Capítulo Uruguay -PIDHDD-; y la Coalición Internacional para el Hábitat-América Latina -HIC-AL) elaboraron una carta conjunta dirigida a diversas dependencias del gobierno local y central a principios de noviembre.

En ella manifestaban su preocupación sobre el asunto y las invitaban a reflexionar sobre las múltiples violaciones que se estarían cometiendo contra los derechos de los habitantes del asentamiento en caso de consumarse el desalojo. Al mismo tiempo, hacían una serie de recomendaciones sobre medidas específicas que se podrían tomar utilizando el enfoque y las herramientas basadas en el respeto y la plena realización de los derechos humanos.

Parece que la campaña de denuncia, difusión y reflexión desde diversos actores ha ejercido sus frutos y ahora las y los vecinos respiran tranquilos otra vez. Sin embargo, todos están conscientes de que hay que darle seguimiento legal a los compromisos hechos y tomar todas las medidas necesarias, incluyendo aquellas de política pública, para garantizar que éstos y todos los pobladores pobres de Uruguay tengan acceso y gocen de una vivienda y un hábitat seguros en donde vivir en paz y dignidad.