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El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) expresa su desconcierto por la sorpresiva orden de desalojo emitida el 5 de marzo del 2015 por la Secretaria Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares que afectaría a cientos de familias asentadas en la rivera de la Isla Trinitaria en Guayaquil.

Según denuncia recibida por el CDH de parte de grupo de mujeres, entre ellas refugiadas colombiana, el 5 de marzo del 2015 agentes de las Policía Nacional vestidos de negro acompañados de civiles con chalecos distribuyeron Boletas de Desalojo fechadas ese mismo día y sin nombres individualizadas de las familias, en las que se anota lo siguiente:

“En virtud de los fundamentos legales expuestos, esta Secretaria Técnica del Comité de Prevención de Asentamiento Humano Irregulares, de conformidad con el Decreto Ejecutivo 1227 de fecha 28 de junio de 2012, y atendiendo la petición realizada mediante oficio N° MAE-CGZ5-DPAG-2015-0667, de fecha 23 de febrero del 2015, solicita el retiro de todas las personas que se encuentran en esta edificación por encontrarse la misma construida dentro de la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado y/o en sus área de influencia en un término de 48 horas.

Según el testimonio de las denunciantes, esta orden desalojo ocurre luego de censo de vivienda de noviembre del 2013 cuando además se hizo anotaciones de códigos en la fachada de cada viviendas del sector y la promesa de ser reubicados. Desde ese entonces, estas familias no tuvieron contacto con funcionarios de las instituciones relacionadas al plan de despeje y mejoras de la rivera de la Isla.

Resultado del inminente y sorpresivo desalojo forzoso, el mismo 5 de marzo los pobladores realizaron una protesta en la autopista Perimentral, a la altura de almacenes Jaher, cerraron la vía y fueron duramente reprimidos por agentes de la Policía Nacional que llegaron en buses y patrullas. En esta circunstancia, una mujer de nombre Rosa de 32 años de edad que se manifestaba contra el desalojo fue fuertemente golpeada y un Policía Nacional que portaba arma de electrochoques de contacto “Taser” le aplicó descarga que provoca graves problemas en su avanzado embarazo. Rosa fue internada en hospital y al día siguiente perdió el bebe de 6 meses de gestación.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos considera que lo dispuesto por la Secretaria Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares se constituiría abiertamente en un desalojo forzoso, según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y riñe con la Constitución del Ecuador en materia de Derecho a la Vivienda y Buen Vivir.

No cabe que, dentro de las atribuciones que tiene el Estado para planes de desarrollo ambiental y las garantías a los Derechos Humanos, se resuelva:

El plazo de apenas 48 horas para el abandono de las viviendas y la destrucción de casas;

La ausencia de información detallada e individualizada sobre los planes a ejecutarse en el sector evitando rigurosamente la incertidumbre y la zozobra;

La falta de dialogo sobre la necesaria reubicación de todas las personas afectadas por el inevitable desalojo. El Estado tiene la obligación de evitar el desamparo a las personas y debe de procurar que la reubicación de las familias sea planificada, progresiva y manteniendo las relaciones vecinales construidas;

Los planes de viviendas de la reubicación deben considerar características de las familias beneficiadas.

La Isla Trinitaria es un sector profundamente afectado por la pobreza extrema. La orden dictada por la Secretaria Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares es cruel e inhumana contra esta población que no se resiste a los planes de desarrollo ambiental. Lo ocurrido el 5 de marzo último en la Isla Trinitaria va en sentido contrario a la operación desarrollada durante el 2013 y 2014 por el Proyecto Guayaquil Ecológico para la reubicación de la población asentada en la rivera del Estero Salado.

Aspecto separado y extremadamente grave es la muerte de bebe en estado de gestación por el uso de arma de electrochoques por parte de agente de la Policía Nacional en circunstancia de protesta social. El uso de estos instrumentos represivos es ampliamente criticado por los organismos de Derechos Humanos en varias partes del mundo por su descontrolada aplicación provocando la inmovilización abusiva de la persona en situación que no lo amerita.

Exigimos a la Secretaria Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares y las otras entidades relacionadas con la orden de desalojo que detengan sus operaciones para evitar violaciones a los Derechos Humanos de la población afectada de la rivera de la Isla Trinitaria. Proponemos revisar sus procedimientos y retomar los planes de reubicación de esta población como se había ofrecido.

Adicionalmente solicitamos a la Fiscalía Provincial del Guayas iniciar investigación urgente y exhaustiva del ataque a la mujer embarazada durante la represión policial el 5 de marzo en la vía Perimetral, incluyendo el examen del registro de las cámaras del sistema ECU 911 ubicadas en el sector.

Guayaquil, 10 de marzo del 2015

Billy Navarrete Benavides

Secretario Ejecutivo del CDH